Las investigaciones de dos administraciones federales coinciden que elementos del Ejército Mexicano no participaron en la desaparición de los 43 normalistas en Iguala; el paradero de los jóvenes no ha sido aclarado en esta década de los hechos perpetrados por policías municipales y gente del grupo criminal Guerreros Unidos; el caso sigue abierto
Los hechos de arbitrariedad, agresión, violencia, muerte, impunidad e injusticia prolongados durante los últimos diez años se desarrollaron esencialmente en 6 horas. Entre las 9 de la noche y las 3 de la madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala de la Independencia, estado de Guerrero.
El asesinato de seis personas, las lesiones a 42 y la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa a manos de policías municipales y estatales, asociados con el grupo criminal Guerreros Unidos, tiene alcances históricos.
Las consecuencias negativas incluyen problemas en la seguridad pública, fallos en los mecanismos de inteligencia, deficiencias en la procuración de justicia, violaciones a los derechos humanos y sobre todo el profundo dolor que sufren los padres de los jóvenes desaparecidos, quienes no se resignan a lo ocurrido hace 10 años. Los siguen buscando. Esperan su llegada.
El hecho se polarizó; se convirtió en bandera y botín político. Quebró añosas alianzas de lucha y estrechó aún más algunas relaciones institucionales.
El caso Ayotzinapa transcendió los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Sin avances en el paradero de los jóvenes, lo fundamental. Es una de las herencias para la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien asumirá el cargo en cinco días.
En los últimos diez años se han realizado investigaciones oficiales de dos gobiernos federales de México; de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI), organismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH), de la Secretaría de la Organización de Estados Americanos (OEA), con seis informes.
Peña Nieto dejó el gobierno defendiendo la verdad histórica de su gobierno: “En lo personal, y con el dolor que causa, y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción que lamentablemente pasó justamente lo que la investigación arrojó”, dijo en un spot con motivo de su sexto informe de gobierno.
El 1 de septiembre de 2024, en su Sexto y último Informe de Gobierno, el presidente López Obrador dijo: “avanzamos en la investigación para encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa. Esa es una asignatura pendiente, pero todavía no termino mi mandato como presidente y vamos a seguirlos buscando a los jóvenes”.
RECONFIRMACIÓN DE HECHOS
En las distintas investigaciones se han reconfirmado los mismos hechos, con sus matices:
Que 43 estudiantes fueron desaparecidos, asesinados, cremados y que no se sabe su paradero. Salvo la identidad de restos óseos pertenecientes a tres de los 43 estudiantes.
Que la llamada verdad histórica del sexenio de Peña Nieto se construyó a partir de violaciones a los derechos humanos, pero no es mentira del todo.
Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llevó a cabo la investigación más exhaustiva sobre el caso, todas sus recomendaciones han sido ignoradas públicamente.
Que el crimen dividió al nuevo régimen: algunos sostienen que fue un crimen de Estado, implicando a efectivos del Ejército mexicano, mientras que otros exculpan al Ejército de toda responsabilidad.
Que la administración que terminará en 120 horas no revirtió la verdad histórica, porque los restos óseos de uno de los jóvenes que encontró tenían rastros de fuego. La tesis de la verdad histórica es que un grupo de estudiantes fue cremado en un basurero de Cocula.
En el análisis de los hechos, el sexenio de Peña Nieto, que empezó con un acuerdo entre las principales fuerzas políticas, llamado Pacto por México, firmado el 2 de diciembre de 2012, comenzó a terminar con lo sucedido con los 43 normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014.
En los cuatro meses siguiente a los hechos, el gobierno de Peña Nieto, que inicialmente se mostró pasmado –intervino 18 días después–, investigó y presentó el 27 de enero de 2015, lo que se conoce como la verdad histórica. Esta verdad histórica fue desacreditada por la oposición, que se convirtió en gobierno.
La oposición a la verdad histórica la enarboló también el GIEI que inició trabajos en marzo de 2015. En septiembre de ese mismo año presentó su primer informe. Ahí comenzó un jaloneo de los hechos ocurridos hace 10 años. Lo único que es una verdad incontrovertible es que los 43 normalistas de Ayotzinapa siguen desaparecidos.
LAS SEIS HORAS DE TERROR EN IGUALA
Los estudiantes iban a apoderarse de camiones y terminaron desaparecidos
Lo que hoy se conmemora como una tragedia sucedió en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala. Entre otros delitos, entonces ocurrió la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Hilo conductor del hecho que hoy cumple 10 años.
Los hechos ocurrieron cuando un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de entre 17 y 25 años, se trasladó a Iguala. El objetivo, se argumentó, era apoderarse de autobuses que ocuparían para participar en la conmemoración de la matanza del 2 de octubre en la Plaza de Tlatelolco, en 1968.
El secuestro de autobuses por parte de los estudiantes de Ayotzinapa para su activismo político ha sido habitual desde hace años y consentido por las empresas afectadas y autoridades: El 26 de septiembre de hace diez años las autoridades cambiaron su proceder.
Policías municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses. El operativo fue apoyado por otras corporaciones.
Los policías contuvieron el trayecto de cinco autobuses: tres que transitaban por una calle céntrica y dos que lo hacían por una calle periférica. En esos dos escenarios fueron detenidos los 43 estudiantes, que siguen en calidad de desaparecidos.
La violencia mortal de la noche del 26 de septiembre de 2014 se prolongó hasta la madrugada del 27. Se develó que el grupo criminal Guerreros Unidos estaba detrás de todas las acciones de agresión contra los estudiantes y población civil. Entonces, y varios días después, no se podía dimensionar los alcances del inédito suceso.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro señaló que el saldo de lo ocurrido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre en Iguala fue de: 43 jóvenes estudiantes que siguen desaparecidos; 6 personas ejecutadas, entre ellas 3 normalistas, incluyendo el caso de un joven cuyo cuerpo apareció al día siguiente en un paraje inhabitado con claras muestras de tortura; al menos 42 personas fueron lesionadas, contando a dos estudiantes que resultaron con afectaciones graves y permanentes a su salud. En total, más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a derechos humanos esa noche y madrugada; alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas, considerando a los familiares de los agraviados.
LA VERDAD HISTÓRICA QUE CREEN ES MENTIRA
Con esa investigación, el gobierno de EPN quiso darle carpetazo al caso Iguala
La narrativa de la verdad histórica es la investigación con la que el gobierno de Enrique Peña Nieto intentó darle carpetazo al caso de la desaparición de los normalistas.
Esta verdad histórica, pronunciada por el entonces titular de la desaparecida Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam –que fue procesado por este caso y está en prisión domiciliaria acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia–, tiene puntos clave:
Los estudiantes fueron secuestrados por la policía municipal de Iguala el 26 de septiembre de 2014, después de que ellos se habían apoderado de algunos camiones de transporte de pasajeros.
Afirma que la policía entregó a los estudiantes al grupo criminal de Guerreros Unidos. Se refiere que los integrantes de Guerreros Unidos asesinaron y quemó a un grupo de jóvenes en un basurero en Cocula.
Aniversario. La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta del Estado mexicano. Foto: Especial
El gobierno de Peña Nieto sostuvo que los restos incinerados de los estudiantes fueron arrojados en el río San Juan, a partir de declaraciones ministeriales de algunos miembros de Guerreros Unidos, que fueron sustraídas bajo tortura.
Tan pronto como Murillo Karam dijo “gracias ya me cansé” y dio por terminada una conferencia de prensa el 7 de noviembre de 2014 para ofrecer avances en las investigaciones de la
desaparición de los normalistas, las críticas contra el funcionario lo apabullaron.
La verdad histórica del gobierno de Peña Nieto fue presentada por Murillo, el 15 de enero de 2015.
Las principales razones de las críticas a la verdad histórica, por parte de la oposición al gobierno priista fueron las violaciones a los derechos humanos: se fue develando que las declaraciones ministeriales de varios de los acusados tuvieron distintas dosis de tortura. Y supuestas manipulaciones de pruebas, como la salida de Tomás Zerón de Lucio al río San Juan donde se habría encontrado una bolsa con restos humanos y donde apareció el primer resto óseo, que se identificó con el nombre de Alexander Mora Venancio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) realizaron investigaciones paralelas que pusieron en duda la verdad histórica. Estos organismos encontraron supuestas inconsistencias graves y sugirieron que el caso podría implicar una red más amplia de complicidad que la inicialmente presentada, donde implicaron a elementos del Ejército mexicano, específicamente a los batallones 27 y 41.
A partir de la publicación de la verdad histórica, el 15 de enero de 2015, la batalla se centró más en desacreditar las versiones del gobierno de Peña Nieto, que por dar con el paradero de los 43 normalistas.
SE AVANZÓ, PERO NO COMO SE HUBIERA QUERIDO: PRESIDENTE
A unas cuantas horas de que se cumpla el décimo aniversario de la desaparición de los 43 jóvenes de la normal rural Isidro Burgos perpetrada en Iguala, Guerrero el 26 de septiembre del 2014, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador admitió “que se avanzó” en el esclarecimiento pero “no como se hubiera querido”.
Al dar a conocer la última carta que envió hace unas horas a las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos con el último reporte de trabajo, López Obrador culpó a la periodista Anabel Hernández y al presunto narcotraficante Gildardo López Astudillo de entorpecer las investigaciones del caso.
Al dar lectura a la carta –fechada el 26 de septiembre del 2024– durante la conferencia de prensa de ayer miércoles, el Presidente consideró que Gildardo López colaboró en un principio, pero al pasar el tiempo no ha mostrado interés de seguir haciéndolo; mientras que la comunicadora afirmó sin fundamento que el Ejército mexicano fue el responsable de lo sucedido a los estudiantes la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014.
Hice el compromiso con ellos de buscarlos hasta encontrar a los jóvenes y trabajamos en eso todo el tiempo; se avanzó, no como quisiéramos, pero no es un expediente cerrado; va a continuar la investigación y se aclararon varias cosas, que no se conocían, que la gente no sabía porque siempre se manejó este asunto sólo arriba, este lamentable caso”, evaluó.
Al advertir una vez más que no se chupa el dedo y tampoco permite que le tomen el pelo, López Obrador reiteró que el Ejército ha colaborado en todo momento en las indagatorias, contrario a lo que aseguran los representantes legales de las familias, como el Centro de Derechos Humanos y por ello no se puede permitir que se acuse a toda una institución de haber efectuado un hecho como este.
EL GIEI, EL COCO DE LOS GOBIERNOS
Los expertos descalificaron que los estudiantes hubiesen sido cremados
El GIEI, en un informe de 550 páginas, titulado Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa, aseguró que no había evidencias de que un fuego de esa magnitud haya ocurrido, ni de que los estudiantes hayan sido incinerados en un basurero de Cocula. “Ese evento tal y como ha sido descrito no pasó”, aseguró en conferencia de prensa el experto español Carlos Beristáin.
Luego de 6 meses de trabajo, el GIEI opinó que el gobierno de México no había hecho todo lo posible para localizar a los estudiantes.
El primer informe de GIEI expuso que hubo hechos no investigados, evidencias destruidas.
Las personas integrantes del GIEI revisaron los 115 tomos del expediente judicial del caso, los mismos con los que trabajó la PGR y la CNDH. También solicitaron peritajes independientes, en el campo forenses y de distintas escenas de crimen, como del fuego.
Mientras la verdad histórica de la PGR asegura que parte de los normalistas fueron detenidos por policías de Iguala y Cocula y posteriormente entregados a sicarios de Guerreros Unidos y que después de haber sido asesinados sus cuerpos fueron llevado al basurero de Cocula, donde cremaron a los jóvenes con una pira improvisada, alimentada con llantas, madera, basura, diésel y otros combustibles durante al menos 12 horas, el GIEI dijo:
Que el peritaje independiente del experto peruano José Torero, de la Universidad de Queensland (Australia) y miembro de la Academia Australiana de Tecnología e Ingeniería, establecía que:
No existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada en base a testimonios, de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula; en ese lugar sólo hubo fuegos de pequeñas dimensiones pero que no se puede saber la fecha en que ocurrieron; que en los alrededores del basurero no había combustibles suficientes para cremar cuerpos, inclusive uno; y que los peritajes de la PGR no se basaron en la evidencia material, y sus conclusiones son erróneas.
El 25 de julio de 2023, el GIEI presentó su sexto y último informe. A la vez que declaraba “no hay condiciones para que puedan continuar las labores”.
De esta manera, el GIEI se convirtió en fuerte crítico de las investigaciones tanto del gobierno de Peña Nieto como de López Obrador.
LAS PROMESAS DE LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL
Vamos a que se conozca todo; yo voy a cumplirles y el tiempo lo dirá”
El candidato presidencial López Obrador dijo que al llegar al gobierno federal, uno de los sus objetivos sería localizar a los 43 normalistas. Tomó protesta el 1 de diciembre de 2018 y este compromiso aún no se ha cumplido, la Presidencia la deja en cinco días.
El 25 de mayo de 2018, a 36 días de la elección presidencial del 2 de julio, Andrés Manuel López Obrador, como candidato a la presidencia de México –que ganó–, sostuvo que tan pronto como ganara el movimiento que encabeza, habría justicia para los jóvenes de Ayotzinapa.
En Iguala, López Obrador dijo, “vamos a que se integre una comisión de la verdad y que intervenga la ONU para que se aclare todo lo relacionado con la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa”.
Manifestó su desacuerdo con quienes dicen que si se aclara lo que sucedió aquí, en Iguala, en esta región, se afectará al Ejército, a las instituciones, no comparte ese punto de vista. “vamos a que se conozca todo”.
Yo voy a cumplirles y el tiempo lo dirá”, afirmó López Obrador en un mitin de campaña hace más de 6 años.
Expresó que si se conoce toda la verdad y se hace justicia, en vez de afectarse, de debilitarse, se va a fortalecer con una institución al servicio del pueblo, no para agredir al pueblo de México.
Señaló: “vamos a que se conozca todo, no quiero, ni deseo, ni conviene a ustedes que viven aquí en Iguala, que cuando se hace referencia a Iguala se esté pensando en los desaparecidos, se esté pensando en el dolor, no, el pueblo de Iguala, el pueblo de Guerrero, el pueblo de México no merece eso”.
Expuso que “nada de sospecha, justicia, Iguala va a ser el ejemplo de cómo se hace justicia en un gobierno democrático”.
DE LA CNDH, LA INVESTIGACIÓN MÁS COMPLETA
Documentó casos específicos de tortura y malos tratos por parte de autoridades mexicanas
El 28 de noviembre de 2018, la CNDH presentó la Recomendación 15VG/2018 sobre el caso. Esta investigación, considerada la más completa hasta la fecha, ha sido ignorada.
La Recomendación 15VG/2018 CNDH ha sido considerada por investigadores y periodistas como documento crucial para entender a profundidad la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
La recomendación evidencia las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la investigación y los hechos relacionados con el caso.
Las diligencias de la CNDH constan en un expediente de mil 255 tomos, 165 anexos, integrado por un millón 100 mil fojas. Y algunos de los puntos torales de éste, son: violaciones a los derechos humanos, en calidad de “graves”, durante la investigación del caso. Estas violaciones incluyen tortura y maltrato. Se descubrió que varios detenidos fueron torturados para obtener confesiones. La CNDH documentó casos específicos de tortura y malos tratos por parte de autoridades mexicanas.
La investigación de la CNDH identificó los fallos en la manera en que las autoridades manejaron la desaparición forzada de los estudiantes, incluyendo omisiones y negligencia en la búsqueda y en el seguimiento de pistas. Halló evidencia de manipulación de pruebas y una falta de transparencia en el proceso investigativo, que contribuyó a la confusión y al encubrimiento de la verdad.
Lugares. A lo largo de este tiempo se ha llevado a cabo un sinnúmero de manifestaciones en distintos puntos del país.
La CNDH responsabilizó a varios funcionarios y agencias del gobierno por las irregularidades en la investigación, que incluyó las policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco; evidenció complicidad y participación directa en los hechos, así como en el encubrimiento de los mismos.
A la desaparecida PGR, la CNDH la criticó la falta de diligencia en la investigación y la manera en que manejó las pruebas y testimonios de los detenidos.
En específico, la recomendación de la CNDH incluyó una serie de medidas correctivas y recomendaciones para abordar las fallas identificadas en su amplia investigación: llevar a cabo una investigación completa y transparente sobre las violaciones a los derechos humanos, incluyendo la tortura y la manipulación de pruebas; solicitó que se responsabilizara a los funcionarios implicados en la tortura y en el mal manejo del caso; recomendó que se brindara atención y apoyo a las víctimas y sus familias, incluyendo medidas de reparación integral.
La recomendación 15VG/2018 tuvo un impacto significativo al exponer deficiencias serias en la investigación oficial del caso de los 43 estudiantes. La recomendación también destacó la necesidad de reformar las prácticas institucionales para prevenir futuras violaciones de derechos humanos y asegurar una mayor transparencia y justicia en investigaciones de esta índole.
Este documento es parte de un conjunto más amplio de esfuerzos por parte de organismos nacionales e internacionales para esclarecer los hechos y obtener justicia para las víctimas de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa.
MANTIENEN ACCIONES EN PUNTOS DIFERENTES
Familiares y compañeros de los 43 normalistas desaparecidos se manifestaron por tercer día consecutivo en la Ciudad de México a unas horas de cumplirse 10 años de los hechos ocurridos en Iguala Guerrero.
Al mediodía arribaron al cruce de la avenida paseo de la Reforma y Bucareli frente al antimonumento a los 43 a bordo los padres y madres de los estudiantes desaparecidos quienes pernoctaron en la Ciudad de México, mientras que los manifestantes estudiantes normalistas ingresaron a la Ciudad de México a bordo de 24 autobuses procedentes de la ciudad de Chilpancingo.
Ocuparon con sus autobuses los carriles centrales y laterales del paseo de la Reforma, el eje 1 Poniente Rosales y la avenida Bucareli.
Durante el mitin los padres de los jóvenes desaparecidos destacaron estos 10 años de búsqueda.
Por eso reiteramos que de esta lucha de los padres y madres de los 43 a 10 años han caminado con la frente en alto porque el interés que persiguen es de saber la verdad, es el saber el paradero de sus hijos, no tienen otro interés ajeno a ello”, manifestó Isidoro Vicario Aguilar.
Por su parte, a 10 años de la desaparición de los 43 normalistas, los avances “son mínimos”, recriminó Felipe de la Cruz, Vocero de un grupo de padres.
En cuatro años del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto se dio a conocer “una verdad histórica que nunca existió”, acusó.
LA CLAVE ESTÁ EN 114 RESTOS ÓSEOS
Con mínimas porciones de huesos se ha identificado a tres normalistas
Como parte de las investigaciones oficiales se han localizado y concentrado miles de restos óseos, de los cuales se sabe muy poco. Con mínimas porciones óseas, han sido identificados 3 de los 43: Alexander Mora Venancio, diciembre de 2014; Jhosivani Guerrero de la Cruz, en 2015, y Christian Alfonso Rodríguez Telumbre en 2020.
La clave para avanzar en el esclarecimiento del caso está en los 114 restos, entre éstos, las 38 petrosas de huesos temporales, que la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, tiene pendiente enviar a analizar por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde 2018.
Sobre el móvil, la CNDH hizo suyo el reclamo de los padres de los alumnos, que el 18 de febrero de 2015, en una reunión entre estas partes, plantearon: ¿Por qué motivo los alumnos de la normal fueron llevados a la ciudad de Iguala el 26 de septiembre de 2014?, ¿quién los llevó? y ¿por qué precisamente a los alumnos de primer grado? Esta exigencia quedó en el reporte Estado de la Investigación del Caso Iguala, del 23 de julio de 2015, sin respuesta.
Ninguna de las dos instancias investigadoras en estos diez años ha dilucidado el móvil del crimen. Todo ha quedado en especulaciones: si la movilización de estudiantes hacia Igual tenía carácter social –preparativos de protesta para el 2 de octubre–, que fue interpretada por los Guerreros Unidos como una movilización de sus adversarios, Los Rojos; hasta que esa movilización sí fue utilizada con por Guerreros Unidos para mover droga o dinero en alguna de los autobuses secuestrados por los estudiantes, a través de algún o algunos alumnos de normal al servicio de la delincuencia. Particularmente y de forma insistente se ha mencionado a dos personajes: el exdiputado por Morena, Manuel Vázquez Arellano y David Flores Maldonado, conocido como La Parka y quien desde tiempos del presidente Enrique Peña Nieto tuvo un puesto en la Secretaría de Educación Pública. Hasta el 29 de julio de 2022 tenía cargo de jefe de área en la jefatura de la Oficina de la Secretaría, según la plataforma de transparencia del Inai.
No solamente para aclarar qué parte de la llamada verdad histórica es real, sino para tener claridad del móvil, la declaración ministerial de Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación en el momento de los hechos de hace 10 años, es clave. Zerón permanece prófugo en Israel, país que no tiene convenido de extradición con México.
EL GIL, EL SICARIO TESTIGO QUE TERGIVERSÓ EL CASO
Después de haber recibido una serie de canonjías López Astudillo está preso
Después de años de investigación, la CoVAJ, llegó a la misma conclusión que la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR), que lo hizo de manera vertiginosa en cuatro meses, con confesiones obtenidas bajo tortura, acreditadas por el juez federal Samuel Ventura Ramos.
Salvo las declaraciones de Juan Miguel Pantoja Miranda, alias El Pajarraco, uno de los presuntos participantes en la desaparición de los 43 normalistas, que el 30 de agosto de 2018 confesó a la CNDH, sobre el destino de los normalistas y las de los hermanos Bernabé Sotelo Salinas y Cruz Sotelo Salinas, detenidos el 23 de enero de 2016.
El 18 de agosto de 2022, el entonces subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, en la presentación de su informe preliminar del caso dijo: “Que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida; por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”.
El 27 de enero de 2015, el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo –que fue enviado a la cárcel el 19 de agosto de 2022 acusado de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia–, en su verdad histórica dijo: “Fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río. En ese orden. Ésta es la verdad histórica de los hechos, que debe tener validez jurídica ante los órganos jurisdiccionales”.
Las investigaciones de la PGR llevaron a la cárcel a cientos de personas. De las cuales 120 han recibido sentencias absolutorias por el juez federal Ventura Ramos, luego que se comprobó que habían sido torturadas. Entre los absueltos está Gildardo López Astudillo, alias El Gil, jefe de sicario de la banda de Gurreros Unidos, convertido en testigo colaborador con el nombre de Juan, que durante casi cuatro años tuvo una serie de canonjías ya que se auto proclamó como pieza clave con la cual la CVAJCA intentó reconstruir los hechos de hace 10 años, para poder etiquetar al caso como un asesinato de Estado.
López Astudillo fue recapturado el 5 de septiembre de 2024 por una orden de aprehensión de 2016 por delincuencia organizada. Lo que se infiere que las declaraciones de El Gil no llevaron a nada distinto a lo conocido en la verdad histórica.
LA RUPTURA EN TIEMPOS DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN
La vinculación a proceso de un grupo de militares cambió las cosas
El gobierno del presidente López Obrador arrancó el 1 de diciembre de 2018. Entre las 100 promesas que hizo el entones nuevo mandatario, en la 89 estaba: “Investigar a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa; se conocerá la verdad y se castigará a los responsables”.
El 4 de diciembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se crea la Comisión de la Verdad y se instruye establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa. El 15 de enero de 2019 se instaló la Comisión de la Verdad, presidida por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. El 26 de junio de 2019 se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se crea la Unidad Especial de Investigación y Licitación para el caso Ayotzinapa.
Los trabajos de esa Unidad Especial, que tiene rango de fiscalía estuvo encabezada por Omar Gómez Trejo, quien en la primera etapa de los trabajos del GIEI era su secretario técnico.
Los trabajos se hacían sin resultados que pudieran echan abajo la verdad histórica de la PGR, aunque trataban de hacerlo.
El 8 de julio de 2020, en una conferencia de prensa, Gómez Trejo informó sobre la identificación de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.
Gómez Trejo dijo que los restos, que fueron examinado en Innsbruck, no habían sido hallados en el basurero de Cocula, ni en el Río San Juan, como refería la verdad histórica.
El punto de quiebre entre Gómez Trejo y presidente López Obrador llegó cuando el exsecretario técnico del GIEI enfiló las investigaciones hacia la presunta participación de elementos del Ejército mexicano. Los elementos del Ejército mexicano no habían sido señalados en la verdad histórica. Pero sí fueron blanco del subsecretario Encinas.
El 27 de septiembre de 2022, en el marco del octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas, Excélsior adelantó que Gómez Trejo renunció a la fiscalía del caso Ayotzinapa, a partir del 30 de ese mes.
Un año antes, en el séptimo aniversario de los hechos en Igual, Gómez Trejo, en una conferencia de prensa se refirió a la verdad histórica así:
Nosotros ahora fiscales la refutamos con hechos corroborados y pruebas contundentes de lo que se hizo a una manipulación de una investigación que es de un origen tuvo que haber dado con el paradero y con el conocimiento de lo que ocurrió con los estudiantes mi unidad ha iniciado procedimientos penales por las irregularidades y delitos que fueron cometidos durante dicha investigación porque fue una averiguación previa hecha a modo…”.
Al año siguiente de su renuncia, Gómez Trejo, autoexiliado en Estados Unidos le dio una entrevista a John Gibler de Quinto Elemento Lab y reveló que hubo un acuerdo al más alto nivel del Estado mexicano que dinamitar las investigaciones del caso. Después se informó que ex fiscal era objeto de auditorías.
EL CASO EN TIEMPOS DE LÓPEZ OBRADOR
Como subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas insistió en la participación de Ejército
Otro quiebre en el equipo de investigación de la administración que está por salir, sobre la desaparición de los normalistas sucedió el 19 de octubre de 2023. Alejandro Encinas, compañero de lucha del López Obrador, anunció su renuncia la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Segob. Originalmente el anuncio era que se sumaba al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum. Terminó en el de Clara Brugada.
Semanas antes de dejar la Segob, el 27 de septiembre de 2023, Encinas, aseguró que el caso Ayotzinapa fue un crimen de Estado; que funcionarios del más alto nivel son responsables de la verdad histórica.
Como titular de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ), Encinas -actualmente nombrado para el cargo de secretario de planeación y ordenamiento territorial de la Ciudad de México-, aseguró que la instancia demostró que la mal llamada verdad histórica fue una construcción –elaborada desde el gobierno federal de Peña Nieto–, para encubrir los hechos y legitimar e imponer la versión oficial de la incineración de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula y dar carpetazo al caso.
Según Encinas, en la desaparición de los normalistas hubo complicidad de funcionarios de los tres órdenes de gobierno y las acciones concertadas para ocultar la verdad constituyen un crimen de Estado.
Al presentar el segundo –y último– informe de la Presidencia de la CoVAJ, Encinas quien fue enfático en que la verdad histórica “no consideró la participación de elementos de las Fuerzas Armadas de la región y de las autoridades federales involucradas, responsabilizando solamente a las autoridades locales”. Ofreció otras diferencias entre la verdad histórica y la investigación que llevaba a cabo la comisión.
LAS DIFRENCIAS DE UNA Y OTRA VERDAD
Son tres los puntos fundamentales entre las investigaciones de los gobiernos
Los puntos que destacó Alejandro Encinas en el segundo informe de la CoVAJ, respecto a la verdad histórica son tres:
1. La verdad histórica señala que los estudiantes iban a boicotear el informe de labores de María de Los Ángeles Pineda Villa, entonces presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, y esposa de José Luis Abarca Velázquez, en tanto que la investigación de la CoVAJ refiere que los estudiantes iban a tomar autobuses para trasladarse a la Ciudad de México, a fin de participar en la marcha conmemorativa del 2 de octubre.
2. La verdad histórica acusa que integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos incineraron a los estudiantes en el basurero de Cocula por tratarse de supuestos integrantes de un grupo contrario, denominados Los Rojos, mientras que la CoVAJ reveló que, al considerar las condiciones climáticas del terreno y la vegetación, dicho evento no pudo haber sucedido.
En ningún momento los estudiantes estuvieron juntos tras la salida de la terminal de autobuses. Del análisis de las comunicaciones telefónicas y testimonios recabados, se desprende que los estudiantes fueron divididos en al menos tres grupos y llevados a diferentes destinos.
3. Asimismo, la llamada verdad histórica reconstruye los hechos pretendiendo responsabilizar solamente a las autoridades locales vinculadas con el grupo delictivo. Por el contrario, el informe de la CoVAJ detalla que el día de los hechos participaron en colusión con los grupos criminales que operaban en la región autoridades civiles y grupos de seguridad municipal, así como autoridades federales, estatales y elementos del 27 y el 41 Batallones de Infantería.
Las personas detenidas actualmente suman 132 en diversos penales: 41 integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos; 71 policías, de los cuales cinco son federales, tres federales ministeriales, siete estatales, dos de Cocula, nueve de Huitzuco, 45 de Iguala y el exprocurador general de la República, así como el extitular de la Unidad Especializada en Materia de Delitos contra el Secuestro de la Procuraduría General de la República (PGR); un exministerio público de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido); 14 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); un exsecretario de Seguridad estatal de Guerrero, además del presidente municipal y la expresidenta del DIF, ambos de Iguala.
A la par suman tres solicitudes de extradición de actores relevantes que se encuentran en Israel y Estados Unidos, a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
LAS DEFENSAS DEL PRESIDENTE AL EJÉRCITO
“Decisiones de autoridades locales en contubernio y con la delincuencia”
El 4 de octubre de 2023, el presidente López Obrador declaró: “Si por cuestiones políticas o ideológicas la consigna es: ‘¡Fue el Estado! ¡Fue el Ejército!’ y de ahí no salimos, pues yo les puedo decir, en primer lugar, de que fue el Estado, claro que fue el Estado, sin duda, porque el Estado pudo en su momento aclarar las cosas y no fabricar mentiras, de eso no hay duda”.
López Obrador señaló que pudieron haber participado algunos elementos del Ejército mexicano, pero que, manifestó, los hechos tuvieron “que ver más con decisiones de autoridades locales y con la delincuencia, con el contubernio entre autoridades locales, policías municipales, ésa es mi hipótesis, y la delincuencia que dominaba esa región”.
Hace casi un año, el mandatario se refirió a que si Guerreros Unidos tuviese vínculos con algunos militares o que los soldados de la región se hayan enterado y no hayan evitado que desaparecieran los jóvenes y que hubiesen cometido el delito de omisión es distinto a que desde el gobierno, Peña Nieto hubiese ordenado, o el general secretario de entonces (Salvador Cienfuegos) la desaparición de los jóvenes.
En más de una ocasión López Obrador reprochó a los miembros del GIEI que le planteaban algo en las reuniones con el ejecutivo y sostenían otra cosa públicamente. “Yo hablaba con ellos y nunca me entregaron nada que probara sus dichos”, dijo.
Recordó que en el momento en que propuso pedir órdenes de aprehensión contra funcionarios y militares, una de las integrantes del GIEI le pidió 90 días más de investigación, lo que implicaría incluso que pudieran fugarse los responsables. Ya basta de estar administrando el dolor de la gente, porque no se debe utilizar el dolor del pueblo, no se puede estar engañando, hay que actuar con la verdad.
A pregunta expresa sobre si en todos sus años de lucha ¿usted imaginó que iba a llegar a ser un gran defensor del Ejército?
El presidente López Obrador respondió:
Sí, sí imaginé, porque conozco la historia (…) pero además conozco todos los pueblos de México y allí viven las familias de los soldados y son hijos de campesinos e hijos de obreros, hijos de comerciantes (…) Por eso digo que el soldado es pueblo uniformado. Y cuando han cometido errores, que los han cometido, ha sido fundamentalmente por órdenes de autoridades civiles, por órdenes de los presidentes civiles. Entonces, sí, tienes razón, defiendo al Ejército y defiendo a las Fuerzas Armadas. ¿Y saben quién también defiende al Ejército y a las fuerzas armadas? La mayoría del pueblo”.
El 24 junio 2024, a tres meses de dejar la Presidencia, el mandatario señaló que hasta entonces no tenía ninguna prueba de que haya sido el Ejército mexicano responsable por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Aseguró entonces que si le entregan los elementos se acturá.
Reiteró que hay sectores que pretenden socavar al Ejército y a la Marina a fin de debilitarlos ante intereses desde el exterior que intentan tener subordinadas a las Fuerzas Armadas.
Si se demuestra que, en efecto, fue el Ejército, teniendo las pruebas, se actúa; pero yo hasta hoy no tengo ninguna prueba de que haya sido el Ejército, así, y le he buscado por todo y tengo toda la información, soy el Presidente de México. Pero si el día de mañana, dentro de 15 días, viene alguien y me dice: ‘Mire, aquí está…’”, sostuvo en la mañanera del 24 de junio.
TODO TERMINÓ COMO ESTABA AL PRINCIPIO
Las últimas investigaciones llevaban directo al grupo de sicarios de confesaron bajo tortura
A partir de la verdad histórica de la desaparecida PGR se obtuvieron distintas órdenes de aprehensión. Se cumplieron y distintos personajes tanto de la delincuencia organizada, específicamente de Guerreros Unidos y policías municipales fueron arrestados y encarcelados. Pero puesto en libertad, algunos porque se comprobó que habían sido torturados.
Dos semanas antes de cumplirse estos diez años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siete integrantes de Guerreros Unidos serán enjuiciados por delincuencia organizada.
El pasado 10 de septiembre, la SCJN desechó un incidente de inejecución de sentencia de distintos amparos donde los siete guerreros unidos solicitaban la protección de la justicia federal.
Con esta decisión, Patricio Reyes Landa (a) El Pato; Jonathan Osorio Cortés (a) El Jona; Agustín García Reyes (a) El Chereje, Miguel Ángel Landa Bahena (a) El Duva, Felipe Rodríguez Salgado (a) El Cepillo –reaprehendido– , entre otros, miembros de la organización criminal Guerreros Unidos bajo las órdenes de Gildardo López Astudillo (a) El Gil –reaprehendido–, señalados en su momento como los principales involucrados y responsables materiales de la desaparición y ejecución de los 43 normalistas de Ayotzinapa, volverán a enfrentar a la justicia, lo que colocada el caso Ayotzinapa a su origen.
En la verdad histórica El Pato aceptó “haber recibido y ejecutado” a estudiantes que les entregaron los policías de Iguala y Cocula el 26 de septiembre.
El Jona, ante el Ministerio Público de la Federación, declaró que El Pelón, acompañado de los sicarios identificados como Mente o Cerebro, Pardo y de otro sujeto, arribó al basurero de Cocula la noche del 26 de septiembre de 2014 en 2 camionetas, una color arena y la otra color blanco, portando armas largas como cuernos de chivo.
El Chereje y los demás sicarios –consignados en un principio–, coinciden en señalar que, ya en el basurero, comenzaron a bajar a los estudiantes.
Ante el Ministerio Púplico federal, El Duva declaró que al traslado de los normalistas hacia el basurero de Cocula, se sumaron El Pelón, jefe de la plaza de Guerreros Unidos en Tianquizolco y Apetlanca y 6 de sus gentes. Incluso, El Duva refiere que entre los integrantes de Guerreros Unidos que interrogaron al Cochiloco se encontraba El Pelón.
En las investigaciones oficiales se indican que cuando El Cepillo, jefe de sicarios de la organización criminal Guerreros Unidos en Cocula, llegó al lugar conocido como Loma de Coyotes, recibió en su teléfono celular un mensaje de Fernando Santiago Hernández, (a) Fercho o Tony –referido como colaborador cercano de Gildardo López Astudillo, quien le pidió a El Cepillo que esperara ahí, –en Loma de Coyotes– porque le iban a entregar “3 paquetes” –sin especificar quién– para que los llevara a Cocula.
En su declaración ministerial del 17 de diciembre de 2015, El Gil ofreció una explicación del porqué supone que Marco Antonio Ríos Berber señaló a las autoridades que los normalistas desaparecidos habían sido incinerados en los lugares conocidos como Cerro Pueblo Viejo y La Parota.
La trascendencia de la decisión de la SCJN, según abogados que conocen el caso, es muy significativa en la solución jurídica y conclusión del caso Iguala. Toda vez que las víctimas indirectas, es decir, los padres de los normalistas, pueden hacer valer sus derechos frente a la autoridad judicial.
En los últimos años las protestas de normalistas han cobrado vidas.
POR ROLANDO AGUILAR
Aquí un recuento de ataques contra normalistas, que tienen una larga historia de lucha y defensa de los derechos.
12/12/2011
PARADOR DEL MARQUÉS
Una protesta de normalistas en el Parador del Marqués de Chilpancingo terminó con un intento de desalojo en el que policías federales y elementos de la policía ministerial dispararon para disuadir la protesta y causaron la muerte de dos normalistas, Jorge Alexis Herrera Pino y Daniel Echeverría de Jesús.
Enero 2014
ATROPELLADOS
Mientras pedían cooperación para comprar alimentos para el comedor de la normal, en la carretera Acapulco-Zihuatanejo, dos normalistas Freddy Fernando Vázquez Crispín y Eugenio Alberto Tamarit Huerta, fueron atropellados cerca del municipio de Atoyac de Álvarez, en la Costa Grande de Guerrero, muriendo los dos jóvenes en el lugar.
26/09/2014
ENFRENTAMIENTO
Un enfrentamiento entre policías municipales de Iguala y sicarios del grupo Guerreros Unidos dejó un saldo de 3 normalistas ejecutados y 43 normalistas desaparecidos.
29/07/2020
ARROLLADO
Mientras realizaban un boteo para pedir cooperación en la caseta de cobro Paso Morelos de la Autopista del Sol un estudiante de la Normal de Ayotzinapa fue arrollado por un camión que se negó a detenerse, durante la toma de la caseta de cobro. El diagnóstico fue una posible lesión en las cervicales, pelvis y clavícula izquierda, así como abdomen rígido.
18/09/2021
CALCINADOS
Un hombre y una mujer resultaron calcinadas después de que un autobús en el que viajaban estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, chocó de frente contra un vehículo compacto sobre la carretera nuevo libramiento a Tixtla en el kilómetro 17.
10/12/2023
CHOQUE
Un autobús en el que viajaban normalistas de Ayotzinapa se impactó contra una camioneta de pasajeros en la carretera Tlapa-Chilapa, provocando la muerte de 5 campesinos, entre ellos un menor de edad, todos eran vecinos de la comunidad de San Pedro Petlacala, ellos viajaban con dirección a la ciudad de Tlapa.
8/03/2022
ULTIMADO
Un normalista de Ayotzinapa fue asesinado por integrantes de la policía estatal de Guerrero en un puesto de revisión ubicado en la salida a de Chilpancingo a Tixtla.
Su nombre era Yanqui Kothan Gómez Peralta, la Secretaría de Seguridad Pública del estado intentó justificar la agresión afirmando que el joven estaba armado, que agredió a los policías y que traía una camioneta con reporte de robo, situación que fue desmentida.