El próximo domingo 3 de abril se disputará en Costa Rica la segunda vuelta electoral por la Presidencia, que definirá al sucesor de Carlos Alvarado, actual mandatario, quien deja el gobierno con solo un 18 % de aprobación de la ciudadanía, según el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la principal Universidad pública del país (UCR).
El balotaje enfrentará a dos candidatos que no se diferencian tanto en las propuestas, y que despiertan poco entusiasmo en el electorado por acusaciones de corrupción y acoso sexual: el expresidente centrista José María Figueres, de 67 años, y el exministro de Hacienda de la gestión saliente, el conservador Rodrigo Chaves, de 60 años.
Figueres, miembro del tradicional Partido Liberación Nacional (PLN) y quien gobernó el país entre 1994 y 1998, se impuso en la primera vuelta del pasado 6 de febrero (27,3 %), pero no logró alcanzar el 40 % de los votos necesarios para evitar el balotaje. Por su parte, el economista de derecha Chaves, del recientemente creado Partido Progreso Social Democrático (PPSD), consiguió sorpresivamente acceder a la contienda definitiva con un 16,7 % de apoyo.
En esa elección general también se eligieron los 57 diputados de un Congreso que ha quedado fragmentado en diversos bloques y sin representantes del partido saliente, luego de ocho años en el poder: Acción Ciudadana cosechó solo el 2,16 % de los sufragios.
La primera ronda de los comicios estuvo marcada por una multiplicidad de postulantes inédita en la historia del país, con 25 opciones a elegir, y un abstencionismo del 40 %, el más alto de todas las elecciones celebradas desde 1953, según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE). En Costa Rica, el voto es obligatorio, pero no se sanciona a quienes no vayan a emitirlo.
El desafío para quien gane la elección del domingo será principalmente el de encauzar económicamente a Costa Rica, que goza de cierta estabilidad democrática, pero que, luego de los años de pandemia, sufre una crisis financiera y social que agudiza el descontento en la población. Actualmente, las principales preocupaciones de los ticos son el aumento del costo de vida, el desempleo (14,4 % en 2021), la pobreza (23 %) y una deuda pública equivalente al 70 % del PIB. Como contrapartida, el año pasado se vio una recuperación parcial de casi el 50 % en el turismo, actividad de vital importancia para la economía local.
Quiénes son los candidatos
Figueres es hijo del fundador del PNL y jefe de Estado en tres ocasiones, José Figueres Ferrer, recordado por haber abolido el Ejército en 1948, tras ganar la guerra civil y fundar la llamada Segunda República. En 1979, se graduó como ingeniero industrial en la Academia Militar West Point de EE.UU. Y obtuvo una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard, en 1991. Su primera incursión como funcionario público fue como ministro de Comercio Exterior y de Agricultura y Ganadería, entre 1988 y 1990.
Ya como presidente (1994-1998), impulsó el ecoturismo y liberalizó la banca que, paradójicamente, había nacionalizado su padre. Además, implementó un Plan de Ajuste Estructural (PAE) que implicó recortes impopulares en el gasto público, bajo las directivas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con esos dos organismos acordó préstamos para estabilizar la economía, aunque el del Fondo nunca se efectivizó.
Figueres fue acusado por presunto tráfico de influencias por brindar una asesoría a la firma de telecomunicaciones francesa Alcatel, entre el 2000 y 2003, por la que recibió el pago de 900.000 dólares. La compañía consiguió en 2001 contratos con el Gobierno del entonces presidente Miguel Ángel Rodríguez, por lo que se cree que Figueres influyó en la decisión. El ahora candidato aseguró que el pago fue lícito y se radicó en Suiza hasta el 2011, por lo que nunca se enfrentó a la Justicia. En 2007, la Fiscalía había determinado que no cometió ningún delito.
Sin embargo, las sospechas de corrupción siguen dando que hablar y fueron un obstáculo durante la campaña. Este jueves, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, solicitó al TSE un informe detallado sobre el viaje que, en plena campaña, realizó el líder ‘verdiblanco’, por los colores de Liberación Nacional, a República Dominicana. Sucede que, según trascendió primero en los medios y luego fue admitido por Figueres, se reunió el domingo 7 de marzo con empresarios y altos jerarcas de la nación caribeña, lo que despertó sospechas de que pudo haber recibido aportes proselitistas irregulares.
Chaves, doctorado en Economía en la Universidad Estatal de Ohio y Harvard, se desempeñó durante casi 30 años como funcionario del Banco Mundial (BM), y fue investigado por presunto acoso sexual contra seis trabajadoras de la entidad, entre 2008 y 2013. Si bien el organismo de crédito reconoció que no lo sancionó adecuadamente, el BM tomó medidas administrativas en su contra en 2019, por lo que renunció un mes después, aunque nunca reconoció su responsabilidad en los cargos.
El financiamiento de la campaña de Chaves también ha sido motivo de cuestionamientos. En diciembre último, el Tribunal Supremo de Elecciones inició una investigación sobre un fideicomiso privado llamado ‘Costa Rica Próspera’, que habría solventado económicamente parte de los recursos preelectorales, hecho que sería ilegal.
Principales propuestas
El aspirante del PPSD se muestra como la carta de cambio frente a los partidos políticos tradicionales, que gobernaron el país durante los últimos 40 años. Desde lo discursivo, promete terminar con los privilegios de la clase dirigente con políticas anticorrupción. Y se ha declarado dispuesto a gobernar por decreto, teniendo en cuenta que tendrá a solo 10 parlamentarios de su espacio entre un total de 57.
En lo económico, propone una recuperación del comercio exterior, una «disminución del gasto público innecesario» y una «digitalización radical de las gestiones públicas», entre otras medidas.
Por su parte, Figueres se ampara en la experiencia, y apela a la figura de su padre como caudillo y fundador del partido que más elecciones ganó en la historia del país.
En lo relativo a la economía, promete crear 200.000 puestos de trabajo a través de la inversión extranjera directa y mayor atracción turística, una reforma del empleo público y otorgar celeridad a los emprendedores en los trámites para regularizarse.
De una población total de 5 millones de costarricenses, más de 3,5 millones de votantes estarán habilitados para elegir al nuevo presidente. Todos deberán concurrir a las urnas con mascarilla, indicó el TSE. La elección contará además con la participación de 89 expertos provenientes de América y el Caribe que observarán todas las fases del proceso.