La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ratificó este viernes el llamado a la Justicia peruana a no excarcelar al expresidente Alberto Fujimori hasta que el órgano resuelva las medidas provisionales solicitadas por las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta.
Durante la sesión de este viernes, la Corte IDH analizó las medidas solicitadas por organizaciones de derechos humanos y por los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, que pidieron garantizar el acceso a la justicia y no excarcelar a Fujimori.
En espera de la resolución de las medidas provisionales, el presidente de la Corte IDH, Ricardo Pérez, recordó en la sesión de este viernes que el pasado 30 de marzo, el órgano requirió al Estado peruano a que se «abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional de Perú de deponer la libertad de Alberto Fujimori Fujimori».
Reclamo de víctimas
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), una de las organizaciones que representan a las víctimas, pidió al Estado peruano a que «cese todo acto destinado a impedir indebidamente que Fujimori termine de cumplir su condenda penal, pues fue condenado por graves crímenes de derechos humanos, equiparables a delitos de lesa humanidad».
Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado, secuestro agravado y lesiones graves. Sin embargo, el Tribunal Constitucional de Perú otorgó una demanda de ‘habeas corpus’ en favor del exmandatario y ordenó restituir la Resolución Suprema 281/2017, firmada por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien le otorgó el indulto a Fujimori por «razones humanitarias».
Las organizaciones sociales criticaron que el Tribunal Constitucional dictó una sentencia «de manera irregular y sin la debida transparencia». «El fallo del TC busca que el indulto fraudulento que se le otorgó en 2017 vuelva a tener vigencia, y del cual la propia Corte IDH y la Corte Suprema del Perú, ya se habían pronunciado en contra», señalaron en un comunicado de prensa tras finalizar la sesión de la Corte Interamericana.
Fujimori fue sentenciado a 25 años de cárcel por su responsabilidad como autor intelectual de dos masacres ejecutadas por el escuadrón especial del Ejército conocido como Grupo Colina contra la población civil en 1991 y 1992, que dejaron 25 víctimas fatales.
Además, el exmandatario fue señalado por autoría mediata en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer Ampudia.