La investigación de este tema forma parte del libro Viviendo Joven.
El juvenicidio, el racismo y la necropolítica en el caso del homicidio de un joven tarahumara a manos de dos policías municipales fue presentado en una conferencia de la Novena Semana del ICSA.
El doctor Carlos Murillo Martínez, coordinador del Programa de Seguridad y Políticas Públicas, presentó el resultado de una investigación sobre el caso de Ramiro, el joven tarahumara al que mataron dos policías municipales y luego abandonaron en un área cercana al Cerro Bola.
La investigación del doctor Murillo Martínez es parte del libro Viviendo Joven, que se realizó en conjunto con la investigadora Paloma Olivares Moncada, y lo ha considerado como un llamado a la reflexión sobre la responsabilidad que tiene el Estado en los casos en que las víctimas pertenecen a los grupos más vulnerables de la sociedad y en los que se evidencia la falta de preparación de los jueces para reconocer todos los elementos que existen en un crimen de esta naturaleza.
La historia del caso de Ramiro comienza cuando dos policías que hacían su rondín de vigilancia en la colonia López Mateos, en donde viven entre 60 y 80 familias de origen tarahumara, lo encuentran acostado en el suelo.
Los agentes lo quieren llevar detenido y él se resiste; a la fuerza lo arrestan y lo suben a una patrulla, una pick up, y se lo llevan con rumbo al Camino Real. Horas después es encontrado el cuerpo sin vida del joven indígena.
En la investigación, por parte del Ministerio Público, se arresta a los policías municipales y, en el proceso, se les sentencia a 46 años de prisión, aunque el juez desestima elementos que existen en el caso como es la tortura y el racismo por parte de los agentes de la Policía.
En el caso se concentra una situación de juvenicidio, una figura que no está tipificada en la legislación penal, pero que sí existe como una categoría analítica de las ciencias sociales, en la que la autoridad considera que a los jóvenes se les puede aplicar un procedimiento de violencia.
En el caso de Ramiro existe también el racismo por parte de los agentes, ya que el conferencista mencionó que si él hubiera pertenecido a una clase social económicamente pudiente no hubiera sido arrestado ni golpeado, pero indicó que en su situación de vulnerabilidad fue atacado hasta causarle la muerte.
Para el doctor Murillo Martínez, el Estado, en este caso el gobierno municipal, es también corresponsable de la actuación de sus policías y debió haber asumido esa responsabilidad para indemnizar a la familia de Ramiro, su viuda y sus dos hijos; pero en cambio el gobierno se hizo a un lado en esta cuestión.
El conferencista dijo que lo que le pasó a Ramiro es uno de los miles de casos que se presentan, en los que hombres, mujeres y niños de los grupos indígenas son víctimas de discriminación.
El sistema, dijo, no debe estar cerrado a estas situaciones y debe contar con un peritaje antropológico para que pueda reconocer la diversidad cultural en la resolución de conflictos legales y de impartición de justicia.