Madres y familiares de víctimas de feminicidio en México protestaron frente al Palacio de Justicia Federal para exigir que se niegue el amparo y la liberación de criminales, acusados del delito que deja en promedio 10 mujeres asesinadas al día en el país.
Lorena Gutiérrez, mamá de Fátima Varinia Quintana Gutiérrez, asesinada a los 12 años en 2015 en el Estado de México, centro del país, expuso que uno de los tres feminicidas de su hija podría ser liberado en los próximos días cuando se resuelva un amparo que interpuso, pese a que ha sido juzgado y sentenciado dos veces por el mismo crimen.
“En la primera ocasión lo dejaron en libertad, pero después el Poder Judicial ordenó una reposición de sentencia, entonces no pueden revertirlo (…) Ya fue ratificada la sentencia de prisión vitalicia y liberarlo sería la peor traición y cobardía del sistema judicial”, reclamó Gutiérrez.
La madre, que lleva casi una década luchando por justicia y acusa al Estado mexicano de ser cómplice de la muerte por negligencia médica de Daniel, su hijo menor, en 2020, señaló que una de las principales fallas del sistema es que no hay firmeza de las sentencias para sentar un precedente y asegurar la no repetición.
Asimismo, Gutiérrez demandó que los feminicidas “no tengan derecho al amparo después de los actos tan deleznables que hicieron”.
“Ya basta de revictimización, ya basta de violencia institucional y de obstaculizar el acceso a la justicia. Nosotros necesitamos reafirmar estas sentencias para que a ellos les quede claro que esto no se puede volver a repetir. Precisamente porque ellos han estado rebajando sentencias y han estado dejando en libertad a asesinos, es que esto no para”, añadió Gutiérrez.
Frente a las oficinas del Poder Judicial Federal, al poniente de la capital mexicana, madres, hermanas, hijas y sobrevivientes de feminicidio de distintos estados del país colocaron cruces y figuras con los nombres de víctimas de feminicidio.
Desde el norteño estado de Coahuila, Andrea Soto, hermana de Serymar Soto, asesinada por su pareja en 2017, viajó a la Ciudad de México para demandar a las autoridades judiciales que rechacen la apelación del feminicida, cuya libertad también está por resolverse en próximos días.
Soto advirtió a EFE que pese a su lucha por obtener una sentencia, los criminales “tienen estos beneficios para poder salir libres”, además de que su posible liberación le hace temer por su vida y la de su familia, pues no ve garantías de seguridad.
“Las autoridades deben de tomar en cuenta que estos privilegios o estos beneficios deben de suspenderlos, no deben de seguirlos otorgando, que se logre la sentencia y que cumplan con esa sentencia porque está todo debidamente probado, ¿por qué tienen esos beneficios?”, cuestionó.
Las manifestantes esperaron alrededor de cinco horas frente a la sede de justicia, esperando a ser recibidas por algún funcionario, pero solo fueron atendidas a las puertas del edificio con las direcciones de los juzgados que están llevando su caso, con la sugerencia de protestar allí.
Alba Argüello Cárdenas, madre de Areli Mendoza Argüello, asesinada en 2019 por su esposo, señaló que el caso de su hija recientemente obtuvo una sentencia, después de un largo camino de obstáculos, desde las investigaciones que llevó a cabo por su cuenta para dar con el responsable, hasta el intento de feminicidio del que ella fue víctima en 2022.
“Un día antes de que se cumplieran tres años del asesinato de mi hija, a mí me ataca un tipo en la calle, sí tuve varias lesiones, pero me defendí y llegó gente gracias a Dios, si no, si me hubiera matado (…) y en la Fiscalía me decían que fue un asalto”, expuso sobre la negativa de las autoridades de procesar el delito como tentativa de feminicidio.
En los últimos seis años se han registrado en México 16 mil 570 homicidios dolosos de mujeres y 5 mil 556 feminicidios, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).