Luego de que el Senado de la República aprobara la reforma a la Ley Minera y esta se publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) propuso dos posibles nombres para la empresa que tenga el control del litio en México.
A través de su cuenta de Twitter, Morena cuestionó: “Ahora que el litio es propiedad de la nación y su explotación, exploración y aprovechamiento estará a cargo del Estado, ¿qué nombre te gustaría que llevara el organismo encargado de su administración? #ElLitioEsNuestro”
Posteriormente, el partido que llevó a Palacio Nacional a Andrés Manuel López Obrador realizó una encuesta en la que postuló como opciones “AMLITIO” y “Litiomex”.
Ambas opciones se tratan de juegos de palabras: la primera une las siglas del nombre del presidente y el del mineral, mientras que la segunda únicamente se le añade la abreviatura de México, muy similar a la de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Fue este 20 de abril cuando se publicó en el DOF las propuestas de modificación que fueron aprobadas en el Congreso. El dictamen dicta las alteraciones en los artículos uno, del 9 el párrafo primero; 10 también en párrafo primero y se adicionó un artículo 5 bis y un párrafo tercero en el artículo 10 de la Ley.
Con ello, se declaró al litio como un metal de utilidad pública, por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos ni autorizaciones para su explotación si esta no es de carácter nacional, según el artículo 5 Bis.
A la par se determinó que las cadenas de valor económico del litio se administrarán y controlarán por el Estado a través del organismo público señalado en el artículo 10 de la ley y que el Servicio Geológico Mexicano “auxiliará al organismo público descentralizado encargado de la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio en la ubicación y reconocimiento de las áreas geológicas en las que existan reservas probables del litio”.
“En la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio y de sus cadenas de valor será deber del Estado mexicano proteger y garantizar la salud de los mexicanos, el medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanas”, expresa el Diario de la Federación.