Estados Unidos tiene la población carcelaria más alta del mundo y para muchos de quienes han sido condenados por cometer un crimen, su castigo va más allá de la pena impuesta o de los muros de la propia prisión. El estigma social persigue a muchos exconvictos. Además, hay un gran número de procedimientos que dificultan el acceso a cuestiones básicas como el empleo o la vivienda. Las organizaciones sin ánimo de lucro denuncian que, en muchas ocasiones, quienes cuentan con un récord criminal no tienen más opción que volver a delinquir.
Según las cifras, uno de cada 3 estadounidenses tiene antecedentes penales, incluso por un arresto que nunca conlleva una pena de prisión. Esto, sin embargo, aparece en los chequeos de antecedentes que realizan los empleadores, las asociaciones de vecinos o los caseros que ponen sus viviendas en alquiler, y en muchas ocasiones, esta ‘mancha’ en el pasado conlleva que sean, por ejemplo, desestimados para un puesto de trabajo. Es por ello que desde multitud de asociaciones y sectores sociales se pide que el historial de antecedentes penales no sea de dominio público.
En este sentido, un nuevo informe publicado por el Centro Brennan para la Justicia, concluyó que quienes habían pasado por prisión veían cómo sus ingresos anuales eran un 52% más bajos que los de aquellos que no habían cumplido una pena carcelaria. Además, señala que los exconvictos que sí encuentran empleo suelen hacerlo en trabajos temporales y de baja remuneración. Por ejemplo, otro estudio llevado a cabo en el estado de Indiana concluye que los trabajadores que salen de prisión tienen unas ganancias anuales que no superan los 5.000 dólares.
Ya sea por necesidad, o para fomentar la reinserción social, lo cierto es que son cada vez más estados los que implementan medidas para favorecer el empleo de quienes tienen un pasado criminal. El reto es difícil, siendo el país que tiene la población carcelaria más numerosa del mundo.