Un grupo de paseños protestó el jueves frente a la Corte del Condado de El Paso en contra de la ejecución programada de una madre latina de Texas, acusada de matar a su hija de 2 años en 2008 en el Condado de Cameron en el Valle del Río Grande.
Se trata de Melissa Lucio quien fue condenada por matar a su hija de 2 años y que el próximo miércoles 27 de abril tiene programada su ejecución.
De ser ejecutada, sería la primera latina en ser ejecutada en el estado de Texas.
Ahora, su familia y quienes la apoyan piden que se detenga la ejecución debido a que creen que fue condenada injustamente.
El jueves por la tarde, El Pasoans Against the Death Penalty y el Ministerio Diocesano de Justicia Restaurativa de El Paso protestaron frente al juzgado del Condado de El Paso para apoyar la suspensión de la condena.
La protesta fue parte de un día nacional de acción, con otras protestas planeadas en varias ciudades de Texas.
John Lucio, hijo de la sentenciada, ha estado viajando por Texas pidiendo al gobernador Greg Abbott que detenga la ejecución de su madre.
“Quiero decir que esta visita no será igual a todas las demás visitas que hemos tenido. Quiero decir, como dije antes, nos hemos escondido, cada vez que vengo aquí escondo el dolor, lo escondo todo… ya no podemos ocultarlo”, dijo John.
El representante estatal Joe Moody también se unió a la lucha para que se suspenda el caso de Lucio.
“Hay serias dudas sobre el juicio que recibió. Otra serie de dudas sobre las pruebas que tienen los jurados en ese caso se han presentado, dijo. Si hubieran sabido lo que saben ahora, entonces habrían hecho algo diferente con el caso, ella siempre ha mantenido su inocencia en la muerte de su hija”, dijo Moody.
Moody se reunió con Lucio y otros legisladores a principios de este mes donde oraron con Lucio. Un grupo bipartidista de 103 miembros de la Legislatura de Texas, incluidos 32 miembros republicanos de la Cámara y ocho senadores estatales republicanos, se unen a Moody para pedir que se suspenda la ejecución.
Dudas razonables
Lucio, de 53 años, ha estado en prisión desde que su hija, Mariah, murió en febrero de 2007. La familia llamó al 911 después de que encontraron a la niña inconsciente en su apartamento de Harlingen.
Numerosos moretones, rasguños y lo que parecía ser una marca de mordedura en su cuerpo llevaron a los investigadores policiales a creer que la niña había sido asesinada.
Más tarde se determinó que la muerte de Mariah fue causada por una herida en la cabeza por fuerza contundente.
Lucio era la principal sospechosa, ya que la Policía dijo que la mayoría de las veces estaba sola con la niña.
Lucio le dijo a la Policía en repetidas ocasiones durante un interrogatorio nocturno que ella no lastimó a su hija.
Mariah se había caído por las escaleras de su apartamento un par de días antes, le dijeron ella y otros niños a la Policía.
Lucio vivía con su esposo y nueve de sus hijos en ese momento. Mariah era la duodécima y la hija menor de Lucio.
Después de varias horas de interrogatorio, Lucio admitió, cuando la Policía se lo pidió, haber golpeado y mordido a Mariah. Ella todavía negó cualquier participación en una lesión en la cabeza.
“¿Qué quieres que te diga? Soy responsable de eso”, dijo Lucio cuando un Texas Ranger la presionó a declarar sobre la aparente marca de mordedura en la espalda de Mariah.
Las declaraciones de Lucio admitiendo haber azotado y mordido a su hija fueron el quid del caso del Estado en su contra.
Aunque no admitió haber matado a su hija o causado una lesión fatal, su admisión de abuso infantil llevó a los fiscales y a un jurado del Condado de Cameron a relacionarla con la muerte de la infante y encontrarla merecedora de la pena de muerte.
Las confesiones que hizo Lucio durante más de cinco horas de interrogatorio el día que murió su hija han estado envueltas en dudas desde el principio.
En el juicio, el juez no permitió que un psicólogo testificara sobre por qué Lucio puede admitir cosas que no hizo, incluido su historial de abuso sexual cuando era niña y violencia doméstica cuando era adulta.
Según el Registro Nacional de Exoneraciones, alrededor del 12 por ciento de las condenas declaradas injustas se derivan, al menos en parte, de confesiones falsas.