En la audiencia de vinculación o no a proceso, la defensa del exgobernador César Duarte señaló al juez Humberto Chávez Allende que la responsabilidad por el manejo de recursos no recae sobre la figura del gobernador, por lo que, en caso de haberse cometido algún desvío de recursos, la carga del mismo recae sobre otros servidores públicos.
Al respecto, manifestó que las personas que declararon bajo la figura de identidad reservada sí tenían responsabilidad directa sobre el cuidado y buen uso de los recursos públicos y que en caso de que se acrediten los 12 contratos que expuso el Ministerio Público como supuestos desvíos, los testigos protegidos estarían incurriendo en una confesión calificada del delito de peculado.
La representación legal del exgobernador consideró que, como estrategia de la administración anterior para vincular a César Duarte con tales desvíos, se le pretende atribuir el delito de asociación delictuosa bajo el supuesto de que, en su carácter de gobernador constitucional, orquestó toda una estructura para realizar simulaciones de contratos para beneficio personal.
En este sentido, la defensa consideró que, o bien los testigos optaron por culpar a su representado por temor de ser descubiertos, o bien por presiones del gobierno anterior, del cual dijo que son públicas las diversas denuncias por presión o tortura en contra de Javier Corral Jurado y del exfiscal general César Peniche Espejel.