Las quejas por violaciones a los derechos humanos contra personal del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua se dispararon bajo el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), del 2014 al 2018 fueron interpuestas 24 quejas, para el 2019 empezaron a multiplicarse y hasta la fecha ya acumulan 184.
Las irregularidades que plasman las víctimas, principalmente migrantes extranjeros, son por la falta de legalidad en el desempeño de sus funciones, prestar indebidamente el servicio público, acciones y omisiones que transgreden los derechos de los migrantes y sus familiares, incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la orden de cateo o la ejecución de éste y la detención arbitraria, indican los reportes consultados del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH.
La información oficial refiere que durante el 2014 fueron presentadas tres quejas ante la Comisión en todo el estado, ocho en el 2015, tres en el 2017 y 10 en el 2018.
Para el 2019 aumentaron a 17 quejas y para el 2020 la cifra se multiplicó a 117 reportes. En el 2021 descendieron a 47, mientras que en el presente año ya suman tres, indica el reporte oficial.
Para el abogado Jorge Vázquez Campbell, la actuación de los representantes de la CNDH no ha sido positiva, ya que cuando las personas migrantes están inconformes con la actuación de los agentes federales y buscan exponer sus inconformidades, los servidores públicos les niegan la privacidad para exponer sus quejas.
Las violaciones a los derechos humanos denunciados por ciudadanos son por faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones.
Además de prestar indebidamente el servicio público y acciones y omisiones que transgreden los derechos de los migrantes y sus familiares.
Así como incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la orden de cateo o durante la ejecución de éste, así como para las visitas domiciliarias o por detención arbitraria.
Otros motivos fueron omitir suministrar medicamentos, causar un daño derivado del empleo arbitrario de la fuerza pública, dilación en el procedimiento administrativo, efectuar la detención sin contar con la orden correspondiente, fuera de los casos de flagrancia, omitir habilitar con la infraestructura y equipamiento adecuados a la prestación servicios públicos.
Además, fueron motivo de queja el omitir el ejercicio del principio de la exacta aplicación de la ley, así como omitir resolver respecto de la situación jurídica migratoria, además de trato cruel, inhumano o degradante.
Vázquez Campbell dijo que los agentes del INM han violentado de manera sistemática el artículo 102 de la Ley de Migración Federal en materia de amparos, lo que ha motivado que interponga denuncias ante la Fiscalía General de la República y de la Función Pública.
La normatividad indica que un extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; no ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana.
La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley.
De acuerdo con las declaraciones del abogado migratorio y organizaciones de la sociedad civil que laboran a favor de los migrantes extranjeros, el agente de INM José Guillermo Reynoso Ramírez es quien le ofrece amparos dentro de la estación migratoria.
“Hasta les pide el teléfono para comunicarse con los familiares y pedirles el dinero para ampararlos. Esto es un contrasentido, que un agente de INM ofrezca a los migrantes que se amparen contra los actos del mismo instituto”, expusieron.
Vázquez Campbell explicó que por eso están bloqueando a los abogados que no pagan “cuota”, porque el negocio de los amparos deja mucho dinero para ellos, refirió señalando a Daniel Goray Yosioka y Roberto Gaytán Saucedo, ambos responsables de las estaciones migratorias en esta ciudad.