El Ministerio de Justicia de Colombia ha pedido este viernes al Tribunal Constitucional que anule la sentencia dictada a finales de febrero mediante la cual se despenalizaba el aborto hasta las 24 semanas de gestación.
En la misma línea, el Ejecutivo considera que la legislación relativa al aborto es competencia del Congreso y no del Tribunal Constitucional, una posición defendida también por los movimientos en contra de la interrupción del embarazo, llamados “provida”, según recoge Caracol Radio.
Asimismo, el Gobierno colombiano, que da sus últimos coletazos antes de que el Presidente electo, Gustavo Petro, jure el cargo, también ha sembrado la duda sobre la legitimidad de la votación en el Constitucional, pues ha señalado que en la Sala Plena del Tribunal hubo irregularidades.
“El Conjuez que se sorteó para desempatar la votación realizada el 20 de enero de 2022 […] ni siquiera se pronunció sobre dicha ponencia, sino sobre la alternativa de resolutivo que propuso la declaratoria de exequibilidad condicionada la cual no se había discutido y mucho menos se había votado”, ha señalado el Ejecutivo.
En un panorama incierto, es posible que Colombia de marcha atrás respecto a la despenalización del aborto, si esto ocurriera, la situación volvería a la vigente hasta febrero, cuando la interrupción voluntaria del embarazo estaba permitida únicamente bajo tres condiciones.