Un Tribunal Colegiado ordenó anular la sentencia que inhabilita por 10 años a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, para ocupar un cargo público, porque “violan sus derechos”.
El amparo concedido a favor de la exfuncionaria, termina con la sanción impuesta por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) en el 2021.
A través de sus redes sociales, con un mensaje de voz, Robles Berlanga, presa en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, dio la noticia sobre la protección de la justicia federal contra la pena señalada:
“El Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa consideró que la Sala Superior, y en consecuencia, la Secretaría de la Función Pública, violaron mis derechos y ordenó que se declare la nulidad de la sentencia que me inhabilitaba por 10 años”, presumió.
La extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) detalló que dicha sentencia derivó por presuntamente no haber informado en su declaración patrimonial una cuenta de dos mil pesos que “jamás tuvo un movimiento y que incluso fue cancelada por el propio banco”.
Por lo anterior, la Secretaría de la Función Pública (SFP) deberá emitir una nueva resolución para determinar, “con base en el artículo 37 de la ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos”, la sanción correspondiente a la falta administrativa cometida por Robles Berlanga.
“Toda la saña con la que he sido atacada por instituciones del Estado mexicano se ha topado con un muro: El de la justicia. Un paso más en el camino por la verdad y en contra de la infamia de la que he sido objeto”, acusó la exsecretaria.
En su sentencia, el Tribunal Unitario destacó que “en las relatadas circunstancias, ante lo fundado del concepto de violación que hizo valer la parte quejosa, se impone otorgar el amparo solicitado, a fin de que la Sala Superior responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, emita una nueva en la que declare la nulidad de la resolución impugnada y ordene a la autoridad demandada emitir una nueva resolución, en la que determine, con plenitud de jurisdicción, la sanción correspondiente por la falta administrativa cometida por María del Rosario Robles Berlanga”.
A Robles Berlanga se le acusa de uso indebido del servicio público. La FGR la señala por omisión, lo que habría permitido que universidades públicas desviaran recursos mediante la subcontratación de servicios.
Robles ha explorado varias vías para lograr su libertad: amparos, cartas, cambio de equipo legal e incluso solicitó negociar con la Fiscalía un criterio de oportunidad o apegarse a la figura de procedimiento abreviado.
No obstante, el Fiscal Alejandro Gertz Manero dijo que que Robles no ha querido hablar sobre los implicados en la trama de corrupción como sí lo ha hecho Emilio Zebadúa González, quien fuera su Oficial Mayor tanto en la Sedesol como en la Sedatu, y a quien sí se le otorgó el criterio de oportunidad bajo el cual le atribuyó cargos a Robles por el desvío de recursos públicos.