Después de cuatro horas de apasionado testimonio público, el Concejo municipal de El Paso votó el martes en contra de una propuesta que habría explorado quitarle prioridad a las investigaciones policiales sobre los abortos, que pronto serán un delito en Texas.
El alcalde Oscar Leeser rompió el empate entre los regidores y emitió el voto decisivo en contra de la propuesta.
Tan pronto como se produjo el voto de 5-4, la sala llena de defensores como de opositores al aborto, estalló con cánticos de “¡Vergüenza!”, “¡Vergüenza!” de aquellos que habían apoyado la propuesta.
Los representantes locales Alexsandra Annello y Henry Rivera habían propuesto el punto luego de que la Corte Suprema revocara el derecho constitucional al aborto, una decisión que pronto desencadenará una ley estatal que criminalizará el procedimiento en Texas. Los regidores Cassandra Hernández y Peter Svarzbein también votaron a favor de la iniciativa.
Los representantes Joe Molinar, Isabel Salcido, Claudia Rodríguez y Cissy Lizárraga votaron en contra.
De haberse aprobado, la medida habría ordenado al administrador de la Ciudad de El Paso y al abogado de la Ciudad redactar una política que prohíba a la municipalidad financiar esfuerzos para criminalizar a las personas que buscan un aborto o recopilar información sobre abortos denunciados.
Más de 80 personas testificaron a favor y en contra de la propuesta.
En una intervención por teléfono, Adriana Montoya imploró a los regidores que “sirvan como nuestra última línea de defensa” y voten a favor de la medida. “Si quieres estar a favor de la vida, te insto a que protejas a las personas que buscan atención (abortiva)”.
Mark Cavaliere, el director ejecutivo del grupo antiaborto Southwest Coalition for Life, pidió al Cabildo que reemplace la medida propuesta “con una política que sea verdaderamente pro-mujer, para que ninguna mujer sienta que no tiene más remedio que destruir su cuerpo para tener éxito”.
La propuesta también habría pedido a la Policía de El Paso (EPPD) que hiciera de la investigación su prioridad más baja, con ciertas excepciones en casos de coerción.
Cuestionado por la regidora Cissy Lizárraga si se le había consultado sobre la propuesta, el jefe de EPPD, Greg Allen, dijo entre aplausos: “¿Investigar abortos al nivel más bajo? No, no estoy a favor de eso de ninguna forma o moda en este momento”.
La Policía de la ciudad divide las llamadas en prioridades de cuatro niveles, con amenazas a la vida como “una situación de prioridad de tipo uno a la que responderíamos y manejaríamos de inmediato y de manera adecuada”, según otro oficial de Policía de El Paso que respondió a las preguntas de Lizárraga. El Paso Matters no pudo confirmar de inmediato el nombre del agente.
Excepto en los casos en que la vida de una paciente embarazada o una “función corporal importante” estén en riesgo, realizar un aborto se convertirá en un delito grave de primer grado en Texas; los acusados podrían enfrentar hasta 99 años de prisión y hasta 100 mil dólares en multas.
Aunque la ley establece una excepción para la persona que recibe el aborto, aún podría quedar atrapada en una investigación policial del presunto delito.
El sargento Enrique Carrillo, vocero del Departamento de Policía, aclaró después la declaración de Allen por correo electrónico de la siguiente manera:
“La posición del jefe es hacer cumplir las leyes del estado de Texas. Si el delito se comete en esta ciudad y se informa al Departamento de Policía de El Paso, el caso se asignará a un detective y se realizará una investigación. Como con todos los delitos, la prioridad se basa en el nivel del delito cometido”.
Carrillo se negó a comentar sobre el nivel de prioridad asignado a los delitos graves de primer grado.
Después de que el Concejo regresó de un receso, Leeser dijo que votó en contra de la propuesta porque le preocupaba que fuera reemplazada por una ley federal o estatal.
“Al final del día, estamos gobernados por el estado de Texas”, dijo Leeser.
Annello dijo que el alcalde había violado las reglas de orden del Cabildo por hablar sobre la medida después de la votación.
Más tarde el martes, la profesora jubilada de Ciencias Políticas de UTEP, Kathleen Staudt, renunció como persona designada por Leeser para la Comisión del Plan de la Ciudad. Ella había hablado a favor de quitarle prioridad a la aplicación de las leyes estatales sobre el aborto.
“No puedo, en buena conciencia, servir como designada por el alcalde en la Comisión del Plan de la Ciudad. ¿Por qué? Rompiste el empate para apoyar lo que veo como la mayoría medieval de asistentes y representantes del Concejo que no entienden la separación de Iglesia y Estado en el punto 3 de la agenda de hoy”, dijo Staudt en un correo electrónico a Leeser, que compartió con El Paso Matters.
En una carta presentada como testimonio público, la fiscal del Condado de El Paso, JoAnne Bernal, dijo: “Nada en este punto de la agenda intenta cambiar o actuar en contra de la ley existente. […] Es totalmente apropiado simplemente instar a nuestros oficiales encargados de hacer cumplir la ley a que le den la menor prioridad a la aplicación de las leyes sobre el aborto. Apoyo este punto porque representa mis valores. La aprobación de este tema enviará un poderoso mensaje de que El Paso valora los derechos de las mujeres a tomar decisiones reproductivas”.
La propuesta se inspiró en medidas similares presentadas en Austin y Denton. El Concejo municipal de Denton aprobó recientemente la medida y se espera que el Cabildo de Austin lo haga a fines de este mes.