Entre temores e inconformidad, ayer eligieron las plazas para realizar su servicio social los pasantes de medicina de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), a quienes no les fue ofertado un lugar en San Juanito –donde el pasado lunes fue asesinada una doctora–, pero sí en otras zonas con alto índice de violencia como el Hospital Rural de Guachochi.
Además, contrario a lo establecido en la Norma Mexicana 009-SSA3-2013, en la que se señala que las plazas deberán darse a conocer 30 días antes de su asignación a los estudiantes, ayer se hizo entrega de una lista con 56 campos clínicos, los cuales fueron asignados al mismo número de personas, a pesar de que no fueron atendidas sus peticiones.
Fueron 22 plazas ofertadas en Ciudad Juárez, otras se ubican en los Hospitales Regionales de Guachochi y Valle de Allende, además de unidades médicas localizadas en los municipios de Ignacio Zaragoza, Guerrero, Jiménez, Namiquipa, Gómez Farías, Casas Grandes, Balleza, Rosario, Bocoyna, Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc, Madera, Ocampo, Ahumada, Praxedis G. Guerrero y Cusihuiriachi.
Sin embargo, pasantes de medicina que actualmente realizan su servicio social en algunas de estas regiones denunciaron la constante presencia de grupos criminales que acuden armados a los Hospitales Rurales (HR) o a las Unidades Médicas Regionales (UMR) para que atiendan a sus heridos, como sucedió a finales del año pasado en Guachochi.
“Entran dos hombres portando armas de fuego de alto calibre, al parecer tipo ametralladora. Dichos sujetos entraban y salían del área de Urgencias por la puerta de ingreso a ambulancias de Urgencias, hablando con voz alta palabras altisonantes y provocando incomodidad y, sobre todo, temor al personal de toda la unidad”, relataron pasantes en un documento dirigido al director del HR número 26 de Guachochi.
Después, el pasado 2 de junio enviaron un documento al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el que expusieron sus inconformidades por las condiciones en que trabajan y entre sus quejas enlistaron: “Riesgo laboral por exposición a grupos armados, resaltando el antecedente notificado a la UACJ el día de dicho evento, con médicos residentes de testigos”.
El primer documento, enviado el 29 de diciembre, fue recibido y firmado por el director general del HR, Omar Tacuba Covarrubias, pero ante la falta de respuesta tanto de autoridades educativas como de Salud, el mes pasado volvieron a externar la situación en la que realizan su servicio social; sin embargo, el temor a represalias ha evitado que continúen ejerciendo presión.
Con el paso del tiempo algunos pasantes se han acostumbrado a los encuentros constantes con grupos criminales que instalan retenes en los accesos a las regiones donde prestan su servicio social y, con equipo táctico y arma en mano, les cuestionan hacia dónde se dirigen, pero el temor de los estudiantes incrementa cuando se registran actos de violencia.
“Lo más común son los retenes impuestos por células de algún grupo delictivo y una vez que saben que eres el médico no te fastidian, regularmente traen un AR-15 o AK-47, el famoso ‘cuerno de chivo’, y equipo táctico, a veces con tenis y otras como si fueran militares, pero no cuadra con el uniforme militar”, contó un pasante que actualmente realiza su servicio en una de las plazas que ayer volvió a asignarse.
El asesinato de una doctora que laboraba en el HR de San Juanito, ocurrido el pasado lunes, provocó que los egresados de Médico Cirujano de la UACJ protestaran en el exterior de las instalaciones de Rectoría al día siguiente, por lo que el director del Instituto de Ciencias Biomédicas, Salvador Nava, emitió un comunicado en que instó al Sector Salud a asignar plazas en que se garantice la seguridad de los estudiantes.
Actualmente, el IMSS-Bienestar cuenta con 135 pasantes de medicina de la UACJ y la Universidad Autónoma de Chihuahua (50 y 85, respectivamente) en hospitales de Guachochi, Valle de Allende y San Juanito, además de Unidades Médicas Rurales (UMR) instaladas en la zona serrana del estado, las cuales se suman a las plazas ofertadas por la Secretaría de Salud en los mismos sectores.
De acuerdo con el director de ICB, de los pasantes de medicina que realizan su servicio social en la serranía de la entidad –incluido el poblado de San Juanito, donde fue asesinada la doctora y que no se ofertó en la nueva lista de plazas– 28 terminarán su pasantía este mes y 22 concluirán hasta enero del 2023, cifra a la que se sumarán los 56 alumnos que ayer fueron asignados.
Durante la selección de plazas, los próximos pasantes de medicina entregaron un oficio a las autoridades de la universidad y del Sector Salud en el que les solicitaron atender e intervenir cuando emitan denuncias o quejas por actos que afecten la prestación de su servicio social o pongan en riesgo su integridad física.
Además, pidieron la creación de una mesa de seguridad que permanentemente proponga estrategias y protocolos para atender a los médicos pasantes y recordaron el caso del estudiante Antonio Muñoz que, tras un encuentro con grupos criminales en el Centro de Salud El Porvenir, en el 2015 realizó una huelga de hambre para exigir plazas seguras.
“En relación con las plazas de servicio social en zonas de alto riesgo, existe historial documentado de diversos sucesos en contra de la seguridad de médicos pasantes del servicio social en diferentes lugares del estado de Chihuahua a lo largo de los años, los cuales incluyen y no se limitan, a los municipios de Gómez Farías, Guadalupe y Calvo, Madera, Bocoyna, Guachochi, Villa López, Batopilas, Guerrero y municipios circunvecinos”, estableció el oficio entregado.
Sin embargo, a pesar de la solicitud de los estudiantes de medicina y del posicionamiento emitido por la universidad, una vez más fueron ofertadas las plazas consideradas como de alto riesgo y no se conformó una mesa de seguridad para analizar las condiciones en que se encuentran los HR y UMR a donde serán enviados.
“La enfermera de sustitución, quien vive al lado de la clínica, a inicios del año pasado fue víctima de un sicario que a punta de rifle a las cuatro de la mañana la sacó a ella y su esposo con el fin de que lo llevaran de inmediato a la comunidad aledaña, pues acá lo andaban buscando para matarlo”, contó un pasante que realiza su servicio en una de las plazas que ayer volvió a ser asignada a un estudiante de la UACJ.