Tras enfrentarse respecto a las cifras de costos de la reforma energética e incluso plantearse como reto renunciar a sus cargos si incurrían en mentiras, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelí, y el director de la subsidiaria comercializadora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Internacional, Miguel Reyes, se plantearon una ruta no prevista dentro de los foros de la reforma eléctrica: sentarse a negociar los aspectos favorables y desfavorables para cada uno en el sector eléctrico actual, tal como se hizo con los gasoductos cuyos contratos resultaban en pérdidas para la empresa del Estado al no arrancar operaciones.
Al debatir la iniciativa de reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante el foro de parlamento abierto organizado por la Cámara de Diputados, el presidente de la cúpula empresarial se pronunció en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador y pidió a los legisladores reflexionar acerca de la propuesta que pretende regresar al modelo eléctrico de la década de los 60.
Hoy en día, hay 150 grandes proyectos detenidos por falta de certidumbre jurídica, lo que implica pérdidas de 40,000 millones de dólares, dijo durante su ponencia inicial, que fue reprogramada tras una cancelación previa.
Posteriormente, el director de CFE Internacional, expuso que “los señores privados emiten el 56% de CO2 de la industria eléctrica nacional. ¿Con qué cara dicen que son limpios? Dicen que son los más baratos, es falso”, comentó.
Y al llegar al diálogo mediante preguntas y respuestas, el funcionario lanzó un reto al presidente del CCE: demostrar que los datos que ha presentado la CFE son falsos y de ser así, Miguel Reyes presentaría su renuncia, reto que no fue aceptado. Pero también, Miguel Reyes habló de negociaciones, recordando que apenas ayer se presentó de nueva cuenta el proyecto del gasoducto detenido en Sonora en que la CFE es socia de Sempra, tras la renegociación de este contrato porque existió voluntad para negociar las ganancias, lo que no ha sido posible en el caso del sector eléctrico.
“Si se propuso esta reforma constitucional fue porque no hay posibilidad de diálogo con ellos. Todo es ampararse. Con el señor Carlos Salázar Lomelí tuvimos una mesa de diálogo con los gasoductos y pudimos arreglarlo, y hemos respetado los acuerdos. O sea que sí se puede hacer, ¿qué pasó con los señores de la industria eléctrica? Nunca se han querido sentar, ni han querido negociar nada”, dijo.
Y en respuesta, el presidente del CCE recordó a los diputados que las reuniones en torno a la reforma eléctrica se llevan a cabo buscando el interés del país y cómo hacer que la inversión que requiere un sector tan importante pueda ser financiada.
Y recordó que en el CCE se han autoimpuesto crecer al 4% cuando menos e invertir el equivalente a 25% con respecto al PIB, y aunque lamentablemente no se ha logrado ni lo uno ni lo otro, pero se sigue buscando alternativas y para eso tienen un programa de infraestructura y en los próximos días anunciarán el tercer paquete que incluye los trabajos de Sempra en su gasoducto.
“Toda la discusión que oigo aquí es que las tarifas no son adecuadas y tenemos un problema comercial, de definición de precios, llevarlo a un cambio constitucional”, dijo, “no merecemos los mexicanos otro cambio constitucional cuando podemos sentarnos en la mesa en discusiones que no son sencillas, estando al inicio con opiniones distintas y llegamos a un acuerdo, un acuerdo que benefició al país y trajo el gas que requerimos y permite incrementar la capacidad de exportación, eso es pensar en México”.
Sin embargo, Francisco Salazar Diez, ex presidente de la Comisión Reguladora de Energía, reiteró en su ponencia que el resultado lógico e incontestable es que el costo de generación aumentará, ¿en qué nivel? De 5,560 millones de dólares al año, como lo mostró el modelo el Laboratorio Nacional de Energía Renovable de Estados Unidos.