Un juez federal mexicano suspendió de forma indefinida la más reciente política energética del Gobierno, que obligaba a empresas privadas a comprar gas natural a las estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“De no concederse (el amparo), se podría afectar irreversiblemente el desarrollo de las actividades reguladas en el sector hidrocarburos, específicamente, en materia de gas natural”, argumentó el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), órgano antimonopolios autónomo de México, también advirtió sobre riesgos a la competencia del mercado del gas natural por esta política, lo que podría incrementar los costos de los energéticos.
La Secretaría de Energía (Sener) del Gobierno México emitió el 13 de julio la “Estrategia de garantía de suministro para la optimización de capacidad en el sistema de transporte y almacenamiento nacional integrado de gas natural”.
Esta política establece que los distribuidores del gas natural en México solo podrán comprar gas natural extraído o importado por las empresas estatales mexicanas, Pemex y la CFE, si quieren utilizar los gasoductos mexicanos.
En este contexto, el juzgador federal mexicano previó posibles afectaciones a al menos tres artículos de la Constitución mexicana: 16, 25 y 28, así como violaciones a las facultades de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), órgano regulador energético y encargado de los permisos de almacenamiento, transporte y distribución del gas natural en México.
El juez consideró que el establecimiento repentino de esta exigencia podría ocasionar que los distribuidores que no adquieran el gas natural de las empresas estatales mexicanas ya no puedan acceder al servicio de transporte de gas natural.
Lo anterior, señaló, “alterando el esquema de suministro y transporte de gas natural, poniendo en riesgo la seguridad energética y confiabilidad del sistema, lo cual afectaría no solo a los permisionarios, sino a los consumidores finales”.
Las suspensiones concedidas por el juez Juan Pablo Gómez Fierro solo benefician a las 10 empresas amparadas sin que su resolución tenga efectos generales para todo el sector energético.
Aunque hay otras empresas que ya se han amparado contra esta medida como Shell, Ternium, Gerdau Corsa, entre otras, y que esperan la misma resolución.
Además, el Gobierno de México todavía puede volver a objetar hasta que se resuelva de fondo si la política de la Sener contraviene la Constitución y si vulnera el adecuado suministro del gas natural en el país latinoamericano.
Entre las empresas que obtuvieron el amparo legal se encuentran: Tractebel, Engie, GDF Suez México, Consorcio Mexi-Gas, Natgasmex, Tamauligas, Energía Natural Peninsular y GE Gaseco GNV Región Golfo.