Ante la incertidumbre de si serán retiradas las plazas con altos índices de violencia que fueron ofertadas en las zonas serranas de la entidad, médicos pasantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) solicitaron una vez más a autoridades educativas interceder ante las instancias de salud para que no se les exponga durante la realización de su servicio social.
“A veces pensamos que somos como carne de cañón, sentimos que si morimos es como una guerra donde de tantos soldados obviamente uno se va a morir y no queremos que se nos vea así, porque hemos tenido mucho esfuerzo en estos años”, dijo un pasante de Medicina durante una reunión realizada ayer con el director del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB), Salvador Nava.
Al no llegar a un acuerdo concreto, el próximo lunes volverán a reunirse con las autoridades de la universidad, a fin de recibir una respuesta ante la solicitud de reasignar tres plazas que fueron ofertadas por la Secretaría de Salud en el Centro Avanzado de Salud (CAS), de Miguel Ahumada, por un lugar en Gómez Farías o Buenaventura.
Sin embargo, los pasantes argumentaron que las nuevas plazas que se ofertaron como posibilidad para reasignación también registran reportes de violencia, como en el caso de Gómez Farías, que en el 2017 provocó manifestaciones del gremio de salud ante la amenaza de grupos criminales de incendiar las viviendas en que se alojaban los pasantes del poblado.
Nava explicó que si bien la Secretaría de Salud ofreció esa alternativa, se buscarán otras opciones seguras, pero sobre las plazas que fueron dadas por el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS)-Bienestar, señaló que hasta el momento no se ha obtenido una respuesta por parte del organismo.
La semana pasada se ofertaron las plazas para servicio social para los egresados de Médico Cirujano de la UACJ: 22 de IMSS-Bienestar ubicadas en hospitales y unidades médicas rurales, 17 de la Secretaría de Salud, 8 de IMSS Ordinario y 9 de Vinculación, entre las que se encontraron sedes que constantemente han sido reportadas como peligrosas por pasantes.
Contrario a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana 009-SSA3-2013, que señala que las plazas deberán darse a conocer 30 días antes de su asignación a los estudiantes, la lista con 56 campos clínicos se entregó por las autoridades el mismo día en que fueron asignados, por lo que los pasantes debieron buscar en sus celulares los lugares adonde serían enviados antes de elegir.
“Elegimos a ciegas, ni siquiera nos dieron tiempo de investigar”, reclamó un pasante al director de ICB, a quien le explicó que el día de la asignación les preguntó a los representantes de IMSS-Bienestar dónde se encontraba El Vergel, de Balleza, pero no supieron darle respuesta, por lo que terminó seleccionando una plaza de la que no tenía conocimiento ante el temor de perder su servicio social.
“Ya me puse a investigar y me dijeron que está muy fea la situación, que es de las peores comunidades en cuanto a clima, de las peores en cuanto a delincuencia, la zona es de altísimo riesgo, pero simplemente a IMSS le valió y me dijo ‘tú te vas, si te mueres no me interesa, de todos modos voy a enviar a otro a cubrir’”, dijo el pasante a Salvador Nava.
Minutos antes de que se diera a conocer la lista con plazas disponibles, autoridades educativas y de salud acordaron no ofertar un lugar en San Juanito, donde se registró el asesinato de la doctora Massiel Mexia Medina, pero continuaron presentes sedes que no fueron aceptadas por los pasantes ante el temor por la inseguridad: Ojachichi, Bocoyna, y Tónocha, en Guachochi.
Además, los pasantes de Medicina también reclamaron que, contrario al proceder de la Secretaría de Salud, IMSS-Bienestar no se ha comunicado con ellos, no les ha explicado quién los recibirá en las comunidades a las que irán el próximo 1 de agosto ni les ha brindado ningún tipo de asesoría sobre el proceso de recepción de la plaza.
Incluso denunciaron que, a pesar de que se les ofertó una plaza tipo B, en la que se tienen asignados seis días de trabajo con siete horas de actividad diaria, al momento de ocupar la plaza terminan realizando un servicio social de tipo C, en el que además de incrementar el horario de trabajo se establece una atención de 24 horas para urgencias.
Una vez más exigieron que se establezca una mesa de seguridad para que los pasantes tengan comunicación constante con autoridades educativas, de salud y de seguridad, a fin de que pueda actuarse con rapidez en caso de que enfrenten una situación de riesgo y requieran ser removidos de las plazas en las que trabajan.
Explicaron que actualmente un pasante que realiza su servicio social en la Sierra ha denunciado que en más de una ocasión ha sido llevado por personas armadas a otras comunidades para que atienda a heridos, por lo que exigieron que no se normalice la violencia que se registra en las zonas serranas y se les oferten plazas seguras.
“Lo que llega a suceder en algunas ocasiones es que algunas personas le piden al médico o al pasante que vaya a atender a la casa a alguno de los familiares, fue lo que pasó en Gómez Farías, fueron unos balaceados a que los atendieran (…) es algo a lo que no debieran estar expuestos los pasantes, definitivamente no, y es cuestión de inseguridad”, dijo el director de ICB.
A las exigencias de los próximos pasantes de Medicina volvieron a sumarse médicos egresados de la UACJ que enfrentaron situaciones de violencia en diversos poblados de la Sierra de Chihuahua cuando realizaron su servicio social e incluso en actividades de campo que hicieron posteriormente, por lo que se unieron a la exigencia y los acompañaron a llevar su solicitud con el representante de la gobernadora, Óscar Ibáñez.