Con el fin de contar con terrenos para la construcción de obras de infraestructura del Tren Maya, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), publicó una nueva declaratoria de utilidad pública para la expropiación de 535.5 hectáreas donde se encuentran 231 inmuebles de propiedad privada en Quintana Roo.
Los predios involucrados se localizan en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos y Tulum, correspondientes al tramo 5 del proyecto prioritario para el gobierno de México.
«El tramo 5 traerá beneficios a quienes actualmente habitan y trabajan en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum, ya que, con el aumento de la conectividad en la zona, su población contará con mayor acceso y en menor tiempo posible a los servicios de salud, educación, servicios deportivos y en general a todos los servicios que se prestan en los principales centros de población», justifica la declaratoria.
De acuerdo al documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), estos inmuebles son apropiados para la construcción y el funcionamiento integral del proyecto Tren Maya, «por lo que resulta necesario expropiar los inmuebles de propiedad privada localizados en la superficie del tramo 5 Norte y tramo 5 Sur».
Esta nueva declaratoria de utilidad pública se suma a la del pasado 24 de enero, cuando se anunció la expropiación de 198 inmuebles en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Puerto Morelos, que abarcan 241 hectáreas de terreno.
Cabe recordar que el tramo 5 norte del Tren Maya tuvo un cambio de ruta, después de que 20 mil árboles fueron derribados en Playa del Carmen, que según Fonatur fueron trasplantados en espacios públicos como avenidas y parques, para la construcción de un viaducto elevado, que finalmente se canceló.
Las obras del tramo 5 del Tren Maya no cuentan con autorización de Manifestación de Impacto Ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ya que por primera vez y en los hechos se aplicó el Acuerdo que declara los proyectos del gobierno de México de «interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional».
De esta forma, en palabras del nuevo director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May, tienen 12 meses para presentar sus estudios de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), y sus propuestas de mitigación.
Previo a esto, conforme al decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se debió presentar una solicitud de autorización provisional, que en este caso, debió ser contestada en máximo cinco días hábiles por la Semarnat, ya que de lo contrario la petición sería considerará como resuelta en sentido positivo (afirmativa ficta).
Excélsior preguntó a Fonatur sobre la respuesta de la Semarnat y cómo obtuvo la autorización provisional para comenzar los trabajos del tramo 5, pero no obtuvo contestación del área de Comunicación Social.