La oferta para Abarca incluía, según el informe sin testar al que tuvo acceso Reforma, que ex exedil de Iguala quedara como actor intelectual de la desaparición de los 43 normalistas sólo unos meses para luego sacarlo de México.
Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que inicie una indagatoria para identificar y castigar a quien resulte responsable por una “grave filtración” sobre el caso Ayotzinapa publicada este sábado en el diario Reforma.
“Condeno la lamentable filtración de la información entregada a la @FGRMexico por la Comisión de #Ayotzinapa. Es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos”, publicó el Subsecretario en su cuenta de Twitter y agregó que en todo momento se debe preservar el interés superior de las víctimas ante un asunto tan delicado.
“Este tipo de filtraciones, lejos de ayudar a la investigación, la perjudican y abren paso a la impunidad”, sostuvo y exigió una investigación a la FGR.
El Centro Prodh también expresó su indignación sobre los publicado este día en Reforma y a través de un comunicado señaló que esta información revictimiza a las familias de los normalistas, pues el informe de la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa continúa bajo el análisis del GIEI, expertos a quienes han pedido verificar la fiabilidad de la información como instancia independiente.
“Recordamos que ante filtraciones debe indagarse a las autoridades que actuando con irresponsabilidad generan confusión y dolor, no a la prensa”, señalaron.
Este día, el diario Reforma reveló, citando un informe sin testar de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa de la Presidencia, que el expresidente Enrique Peña Nieto habría propuesto un acuerdo al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, que incluía sacarlo de México a cambio de que se responsabilizara de la desaparición de los 43 normalistas.
La nota firmada por las periodistas Peniley Ramírez y Guadalupe Irízar destaca que días después del asesinato de los 43 estudiantes, criminales junto a miembros de los gobiernos local, estatal, federal y del Ejército, montaron una operación para desenterrar los cuerpos de los jóvenes de fosas cerca de Iguala y llevarlos al 27 Batallón de Infantería.
De acuerdo con Reforma, el 29 de septiembre, el Edil, identificado en los mensajes como “A1”, habría escrito que negociaba con autoridades federales para pedir licencia y desaparecer.
“Según A1, el entonces Presidente Enrique Peña ‘mandó a su sirviente’ o ‘gato’ (como identifica a Tomás Zerón), para negociar con Abarca y que ‘pida licencia y desaparezca’”, señala el medio.
Agrega que Tomás Zerón, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) y que actualmente está detenido en Israel a la espera de ser extraditado a México, “coordinó todo absolutamente y van a crear una historia muy realista”.
No obstante, la defensa de Zerón dijo al diario Reforma que su cliente nunca habló con Abarca antes de ser detenido y no negoció absolutamente nada con él.
La oferta para Abarca incluía, según el informe sin testar al que tuvo acceso Reforma, “que quede yo como actor intelectual sólo unos meses y me saca del país”.
José Luis Abarca pidió licencia a su cargo el 30 de septiembre de 2014 y fue detenido en la Ciudad de México el 4 de noviembre.
“El interlocutor de Abarca, dice el informe, era José Martínez Crespo, un excapitán del Ejército, hoy preso”, señala Reforma.
En la misma conversación Abarca menciona que el Gobierno federal también ofreció “una negociación a dos células criminales que trabajaban con Guerreros Unidos”.
Además, la periodista Peniley Ramírez escribe hoy un artículo en Reforma donde da más detalles del informe sin testar de la Comisión. Por ejemplo, señala que casi todos los 43 normalistas que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 fueron asesinados, descuartizados y enterrados esa misma noche. Que los criminales de Guerreros Unidos pensaron en quemarlos, pero eran muchos cadáveres y cambiaron de opinión. Se los repartieron. Cada grupo criminal se deshizo de los restos a su cargo como pudo.
“A una de las células criminales le encomendaron disolver a 10 jóvenes en ácido. No tenían material suficiente. Disolvieron a cinco. A los demás los cortaron en trozos, con machetes, y los enterraron. Uno de los criminales desolló a un estudiante. Quería impresionar a su jefe”, escribe Peniley.
Agrega que casi al amanecer, varios encargados de esas células avisaron a sus jefes que el trabajo estaba terminado y cuando amaneció seis jóvenes seguían vivos, pero los llevaron a una bodega cercana donde los asesinaron días después por órdenes del entonces coronel del Ejército José Rodríguez.
LA INVESTIGACIÓN DE LA COMISIÓN
Apenas ayer un Juez federal dictó auto de formal prisión contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, debido a su presunta implicación en el delito de delincuencia organizada en la modalidad de delitos contra la salud.
El exalcalde de Iguala, identificado como “A1” en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, junto a los dirigentes del grupo criminal Guerreros Unidos “en coalición con algunas otras autoridades”, dio la orden de desaparecer a los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.
El informe de la Comisión del caso Ayotzinapa identifica que durante la Noche de Iguala “A1”, o a Abarca, como lo identificó el Subsecretario Alejandro Encinas, ordenó en un inicio “darles una ‘chinga’ a los estudiantes porque […] no quería disturbios, además de recuperar el material (el cual aparentemente venía en uno de los autobuses)”.
Ese “material” al que se refieren, de acuerdo con distintos reportes era aparentemente droga, ya que se pensaba que entre los normalistas había supuestamente integrantes de Los Rojos, agrupación criminal en disputa con Guerreros Unidos, el grupo responsable de los hechos de violencia durante la noche del 26 y las primeras horas del 27 de septiembre de 2014.
De acuerdo con la Comisión, “‘A1’ dio la orden de recuperar la mercancía” e instruyó: “me chingan a todos a discreción”. Posteriormente, según el mismo informe, “A1”, o a Abarca, como lo identificó Encinas, “ordenó la desaparición de todos los estudiantes porque no saben ‘quién es quién’ y se está calentando la plaza demasiado”.
“Mátalos a todos, Iguala es mío”, se lee en el informe que contrasta la información actual, con la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam, quien enfrenta un proceso por tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia en el caso Ayotzinapa.
José Luis Abarca, integrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y exalcalde de Iguala, fue detenido en noviembre de 2014 en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, en relación con la desaparición de los normalistas. Actualmente se encuentra preso en el penal federal de máxima seguridad El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Abarca fue capturado junto a su esposa María de los Ángeles Pineda, quien fue ligada a los Guerreros Unidos, agrupación criminal a la que, según informaron las autoridades, pertenecían dos de sus hermanos, uno de ellos, Salomón Pineda Villa, detenido en octubre de 2014. Su otro hermano, Alberto Pineda Villa, “El Borrado”, ha sido identificado como un exoperador de Arturo Beltrán Leyva, abatido en diciembre de 2009, y de cuyo cártel nació Guerreros Unidos.
Tanto José Luis Abarca como María de los Ángeles Pineda, presa en el Penal Federal Femenil de Amacuzac, han negado su participación en los hechos.