El pasadizo localizado dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) Número 3, que fue clausurado por autoridades estatales, fue mencionado por reos en varias carpetas de investigación que datan del 2016.
Esa información fue hecha del conocimiento de los entonces fiscales César Augusto Peniche y Jorge Nava López, sin que se realizaran las actuaciones correspondientes, aseguraron policías investigadores al referir que ese pasadizo fue “secreto a voces”.
Una de estas personas privadas de la libertad (ppl) que detalló la existencia del túnel, identificada como M. A. G. y sujeta a proceso por un triple homicidio en un bar localizado en Plaza Cuquita y el secuestro de una mujer en el 2016, también aportó información en torno a un arsenal enterrado al interior del Cereso 3.
Los testigos formaban parte de la organización delictiva La Empresa, que estaban bajo proceso junto a René Gerardo Garza Santana, alias “El 300”, absuelto en ambos casos.
Los reos, entonces contrarios al grupo Los Mexicles declararon ante el Ministerio Público que Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias “El Neto”, responsable de orquestar la fuga y motín del pasado primero de enero, era custodiado por internos que portaban armas de fuego que ocultaban en “mariconeras”.
Esta versión coincide con las declaraciones ante el Ministerio Público realizado por varios reclusos que fueron recapturados, luego de ejecutar junto al “El Neto” su plan de escape.
Los reos identificados como parte de la escolta de “Neto” eran César Muñoz Vega, apodado “El Chilin”, y las personas privadas de la libertad identificadas como “Parra”, “Roca” y “Leonzo”, los cuales ocultaban armas de fuego en “cangureras”, lo que también era del conocimiento de personal de custodia, aseguró Ever Armando V., quien porta un tatuaje con las iniciales OCIM (Organización Criminal Independiente Mexicle).
“‘Neto’ les daba dinero”, dijo el reo al explicar la permisibilidad de los custodios hacia el porte de armas a los “escoltas”.
Las armas, según declararon los testigos de cargo, estaban dentro de tambos de color azul, junto con el resto del equipo táctico y el cual fue repartido por “El Neto” a los reos incluidos en un listado elaborado por el líder de la OCIM.
“Estábamos en un festejo de Año Nuevo y con la autorización de los directivos y custodios, ya que los carnales les pagaron para dejar meter droga, birria, morras, para loquearla y es por eso que ese día estábamos echando birria, ya que teníamos un chingo de cerveza; en eso ‘Neto’ se alocó y dijo ‘vamos a alistarnos para irnos, ya vienen por nosotros’”, declaró.
Agregó que alguien de apodo “Jimmy” hizo la lista. “En la cocina estaban ‘Neto’ y Jimmy nos dijeron que nos pusiéramos el equipo, que nos íbamos a salir y sacaron armas largas, chalecos, cascos, chalecos, que habían metido unas semanas antes.
La neta no me acuerdo con quién de los directivos se hizo el arreglo para meter todo el equipo, pero eran alrededor de 50 armas largas, cascos, y chalecos”, declaró.
Aunque el Ministerio Público investiga cómo ingresó el armamento empleado en el penal el día de la evasión, no descartan el uso del túnel para traficar el arsenal, así como el equipo táctico empleado el primero de enero.
En julio del 2021, semanas antes de que concluyera la administración estatal, un detenido declaró ante el MP que desde el Cereso se daban las órdenes de cometer extorsiones y asesinatos.
El propio fiscal Nava hizo públicas declaraciones sobre el autogobierno del penal y cómo desde el Cereso salían las órdenes para ser realizadas ejecuciones, mismas que fueron desestimadas por el excomisario de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Emilio García Ruiz, que tenía a su cargo el control de los penales estatales.
El archivo periodístico refiere que un reo, identificado como “Troy”, declaró que las ejecuciones eran ordenadas desde el penal.
El exfiscal Jorge Nava López declaró que hacía falta mayor vigilancia en el penal debido a que algunos internos ordenan extorsiones y la ejecución de personas desde el interior del reclusorio, entre ellos “El Neto”.
Esta situación la planteó incluso en una reunión de seguridad celebrada en el despacho del gobernador Javier Corral. La respuesta de García Ruiz fue que era probable que ello suceda, pero no por una falta de vigilancia o por omisiones del personal de custodia, sino porque no pueden coartar el beneficio que tienen los reos para recibir a familiares y abogados.
Atribuyó a estas personas el envío de las órdenes a los integrantes de grupos delictivos que operan en las calles de Juárez, lo que dificultaba prevenir esa situación.
García Ruiz manifestó además que no se puede generalizar ni señalar irregularidades o fallas dentro del penal tan sólo por una supuesta declaración que rindió un detenido apodado “El Troy”.