El juez del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Sur, Ganther Villar Ceballos, resolvió este viernes que el delito uso indebido del ejercicio público, que se le imputó a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, no ha prescrito, por lo que ordenó que continúe su proceso desde la cárcel.
La audiencia, prevista para las 16:00 horas, comenzó una hora más tarde por problemas técnicos con la conexión del Cereso de Santa Martha Acatitla, donde se encuentra recluida Rosario Robles, quien no quiso trasladarse al Reclusorio Sur, según informó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Un día antes, la hija de Rosario Robles, Mariana Moguel Robles, explicó que un Tribunal Colegiado le concedió un amparo a la exfuncionaria al considerar que el delito de faltas al servicio público, en su modalidad de omisión, se encuentra derogado por lo que no habría materia para procesarla.
Añadió que los magistrados del Tribunal reconocieron violaciones a los derechos humanos de Rosario Robles por lo que ordenaron al Juez del Centro de Justicia Penal Federal convocar a la audiencia para revisar el posible sobreseimiento del caso.
Al resolver que el delito sigue vigente, el Juez Ganther Villar convocó a una nueva audiencia para que la Fiscalía General de la República (FGR) reformule la acusación contra Robles Berlanga, quien continuará en el penal de Santa Martha Acatitla.
El pasado 30 de diciembre, el mismo juez ordenó mantener la medida de prisión preventiva a la exfuncionaria Rosario Robles, esto al considerar que no existían condiciones para liberarla.
El juez señaló que los argumentos relativos a los padecimientos y estado de salud de Robles, quien recientemente dio positivo a la Covid-19, no resultan suficientes para estimar que corre un riesgo de continuar interna en el penal, ya que no reducen sus actividades funcionales o resultan incompatibles con su reclusión.
Rosario Robles fue recluida en el penal de Santa Martha Acatitla desde el 13 de agosto de 2019; la también extitular de la secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) es señalada por presunto desvío de recursos de más de 5 mil millones de pesos, como parte del caso de la “estafa maestra”.