La defensa del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández Alvarado presentará este sábado, 19 de marzo, el recurso de apelación contra la decisión del Juez de Extradición de Primera Instancia que autorizó su envío a EE.UU.
De esta manera, la decisión final sobre si el exgobernante será enjuiciado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York recaerá en los 15 magistrados que componen el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El equipo jurídico de Hernández agotará el plazo de tres días del que dispone para presentar el recurso ante el juez natural que dictó la resolución. El dictamen final se conocerá en un plazo no superior a diez días.
Así lo ha revelado el abogado y exjuez Félix Ávila, uno de los defensores del expresidente. El jurista explicó al medio hondureño La Prensa que su equipo se encuentra trabajando en la apelación.
La defensa basará el recurso en dos puntos: la insuficiencia del tratado de extradición y la deficiencia de la carga probatoria. Respecto al primero, estima que el tratado entre Honduras y EE.UU. se concibió para obligar a entregar a extranjeros, pero que no compromete a la entrega de sus nacionales.
En cuanto a la carga probatoria, Ávila argumenta que la solicitud se basó en cuatro pruebas, de las que tres «son prácticamente la misma solicitud», dice el abogado, refiriéndose al documento donde el fiscal sostiene los cargos y a la orden de arresto girada por el juez; mientras que «la única prueba» se basaría en la declaración jurada de un agente de la Administración de Control Antidrogas (DEA) norteamericana.
Mientras, Hernández Alvarado continúa en detención preventiva, medida que viene cumpliendo desde su detención el pasado 15 de febrero en el Comando de Operaciones Especiales (Fuerte Cobra), ubicado en la colonia 21 de Octubre de Tegucigalpa, la capital hondureña.
La Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York requiere al expresidente por los presuntos delitos de conspiración para importar una sustancia controlada a los EE.UU. desde un lugar fuera del mismo; fabricar y distribuir una sustancia controlada, con la intención y conocimiento de que sería importada ilegalmente a territorio estadounidense; y distribuir y poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en el país norteamericano, según divulgó el Poder Judicial de Honduras en febrero.
Según esa acusación, también se le imputan delitos de uso o portación de armas de fuego o ayudar e instigar al uso, el porte y la posesión de armas de fuego, y conspiración en el uso de las mismas en apoyo de la supuesta importación de narcóticos. Podría enfrentarse a una pena máxima de cadena perpetua.