‘Teresa’ y ‘Gabriel’ son dos juarenses que viven de sus negocios ubicados en el norponiente y centro de la ciudad, donde desde hace semanas han intentado extorsionarlos a cambio de “seguridad territorial”; ambos forman parte de la cifra negra de un delito que ya estaba erradicado en esta frontera.
El modus operandi de quienes los amenazan ha sido muy similar: a los dos comerciantes, cuyos nombres fueron cambiados por motivos de seguridad, les hablan por su nombre, les aseguran pertenecer al mismo grupo delictivo local y les piden 10 mil pesos, que tendrán que entregar “mano a mano” en su propio negocio.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), actualmente no existen denuncias por el cobro de “cuotas”, extorsión o “cobro de piso” en la ciudad, por lo que, al igual que la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, invitaron a quienes estén siendo víctimas a que denuncien.
“La Fiscalía General del Estado no cuenta con denuncias por el delito de extorsión o el denominado ‘cobro de piso’. De cualquier manera, reiteramos a la ciudadanía la invitación para que denuncie si llegan a ser víctimas de la comisión del delito de extorsión”, señaló su vocera estatal, Sahira Castro Martínez.
Guillermo Asiain, presidente de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, también pidió a quienes están recibiendo este tipo de amenazas que se acerquen con el Grupo Antiextorsión de la FGE o busquen asesoría a través del número *2232.
“Si tienen temor de acercarse a Fiscalía, que marquen al *2232, le va a dar un poco más de confianza. En el *2232 son ciudadanos intentando ayudar a ciudadanos. Si a tu negocio fueron y te dejaron un papelito o te fueron a pedir dinero es directamente a la Fiscalía. Los casos que hemos llegado a tener la gran mayoría son por personas cercanas, trabajadores, familiares de trabajadores, que se les hace fácil pedir la extorsión… han sido oportunistas que les ha parecido sencillo”, dijo el activista.
Asiain explicó que cuando los delincuentes acuden directamente al negocio, dejan un “papelito” o piden que el dinero se les entregue en persona, se trata de una extorsión, a diferencia de cuando se trata de amenazas por teléfono y WhatsApp y se pide que el dinero se deposite a una cuenta bancaria, ya que en estos últimos casos generalmente se trata de engaños o chantajes telefónicos.
“Hasta ahorita no se ha identificado una banda, y si se identifica lo más importante es actuar y poner la denuncia de extorsión, porque la gente piensa que si paga una vez ya no los van a volver a molestar, pero generalmente quienes llegan a ser víctimas del delito terminan siendo víctimas permanentes de ese delito (de extorsión)”, destacó.
A ‘Teresa’ primero le habló un hombre, quien trató de hacerla entrar en confianza, pero después comenzó a hablarle con groserías, le aseguró que pertenecía a un grupo delictivo y que tenía que pagar el derecho de piso “en la mano”, por lo que ella se negó, colgó el teléfono y bloqueó el número del delincuente, pero siguió recibiendo llamadas de otros números, intentos de videollamadas y mensajes en los que le piden que le conteste al jefe.
“Uno tiene miedo porque yo he visto muchos casos en los que los policías están involucrados, y ya no sabe uno ni en quién confiar, ni en quién creer, además aquí hay otros puestecitos que siguen (pagando)”, narró la juarense, a quien le pedían 10 mil pesos que recogerían en su mismo negocio.
El caso de ‘Gabriel’ es similar: le piden la misma cantidad de dinero que a ‘Teresa’, 10 mil pesos, y se identifican como parte del mismo grupo. El hombre que le habla le dice que pasarán por el dinero a su local comercial, y debido a que se niega y ya no contesta ese teléfono le marca de otros.
“Cuando me llamaron colgué el teléfono y lo desconecté, pero han seguido marcando de otros, son muy insistentes (…) Se supone que no hay extorsiones, pero uno ya tiene como cierta experiencia en la ciudad”, dijo el comerciante local.
Entre 2008 y 2009, 10 mil pequeñas y medianas empresas cerraron sus puertas en Ciudad Juárez debido a las amenazas de los grupos criminales, quienes les pedían cuotas semanales; en dicho lapso, aproximadamente 100 mil personas emigraron a El Paso o a otras entidades del país, entre ellas empresarios con sus familias y empresas. Pero gracias al trabajo realizado entre sociedad, empresarios y autoridades, esta frontera se convirtió en un caso de éxito contra la extorsión.
Por ello, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, dijo a quienes intentan volver a cometer el delito “que no se metan con la sociedad civil, que los generadores de violencia no pueden ser más fuertes que el Estado y lo vamos a dejar muy claro. Que dejen en paz a la sociedad civil y que nos dejen vivir, trabajar y crecer en paz”.
“Es importante la denuncia, estamos trabajando con varias instancias de Gobierno justamente para poder complementar las órdenes de aprehensión y para que la gente sepa que estamos trabajando en el proceso de las denuncias; es decir, cuando una persona va y denuncia, muchas veces no se atreve a denunciar porque dice: ‘no va a pasar absolutamente nada’. No, estamos trabajando en la profesionalización del cuerpo policial para que pueda trabajar de forma adecuada los informes de policía homologada, para que cuando llegan al Poder Judicial puedan ser revisados y en su caso sentenciados”, agregó sobre el incremento de violencia en la ciudad.