Unanimidad y reconocimiento entre todas las fuerzas políticas caracterizaron el debate y la aprobación de la llamada Ley Ingrid, destinada a castigar el mal uso que los funcionarios hagan de cualquier información relacionada con las víctimas de un proceso penal.
La discusión del dictamen dio paso a un clima pocas veces observado en la Cámara de Diputados, donde esta vez legisladores de Morena y del PT destacaron haber construido acuerdos con representantes de la oposición para modificar el artículo 225 del Código Penal Federal e incluso sacaron adelante una modificación que el pleno también avaló con 470 votos.
El propósito es castigar con 4 y hasta 10 años de cárcel la filtración de fotos, videos y cualquier material que forme parte de un proceso penal.
IMPORTANCIA
Felipe Macías (PAN), presidente de la Comisión de Justicia, destacó la importancia del consenso alcanzado en torno a este dictamen, que se originó con las iniciativas de las diputadas Laura Imelda Pérez (Morena) y Ana Balderas (Acción Nacional), y “que tiene como objetivo que aquellos servidores públicos encargados de la administración de la justicia, peritos, policías, investigadores, tengan prohibido la difusión, comercialización de imágenes, videos, material, cualquier información relacionada con un hecho delictivo con las condiciones de la víctima o cualquier ámbito relacionado con el proceso penal”.
Enfatizó el legislador que la pena será mayor cuando se trate de mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad.
La minuta de la Ley Ingrid, denominada así en referencia al caso del feminicidio de Ingrid Escamilla, fue enviada a los senadores para continuar con el proceso legislativo.