El desenlace ya estaba escrito y no hubo sorpresas: el Consejo Constitucional chileno, dominado sin contrapeso por las derechas, aprobó por 33 votos a favor y 17 en contra un proyecto de constitución ultraconservador, que no sólo reafirma la institucionalidad neoliberal vigente, sino que la enraíza aún más por la vía de complejizar las posibilidades de reformarla.
Lo de “las derechas” se refiere a aquella que, si bien ahora evita decirlo, acuerpó la dictadura de Augusto Pinochet; y otra más radical, escindida de aquella y aglutinada en el Partido Republicano, que no oculta su idolatría por aquel ni su fundamentalismo religioso.
Este texto retrógrado en lo valórico, libremercadista en lo económico y que deja para el Estado subsidiar aquello que, por poco rentable, no interesa como negocio a los privados, irá a referéndum el 17 de diciembre, cuando obligatoriamente 15 millones deberán votar “a favor” o “en contra”.
Desde que en mayo de 2023 fueron electos los 50 consejeros -22 republicanos, 11 de la derecha “tradicional” y 17 de la centroizquierda- a cargo de elaborar el texto, la sumatoria conservadora impuso normas a su antojo, generalmente iniciativas de los republicanos, que modificaron sustancialmente el anteproyecto consensuado por una “comisión experta”, y sistemáticamente rechazando las propuestas del progresismo.
Las encuestas prevén que el texto fracasará en diciembre. Una divulgada ayer marca que la intención de voto es 51 por ciento “en contra” y 34 “a favor”, pero con un alza de 13 puntos en una semana.
De modo que nada está resuelto, la derecha ha adelantado su campaña bajo el lema de “la constitución de las libertades”, machacando en cuestiones súper sensibles en la población: dureza contra la delincuencia, expulsión inmediata de los migrantes ilegales; el carácter privado e inexpropiable de los ahorros previsionales, haciendo cuasi imposible un sistema de solidaridad intergerenacional, e incluso suprimiendo el impuesto territorial que paga el uno por ciento más rico y destinado a financiar a los municipios precarios.
También asentando un fundamentalismo religioso por la vía de constitucionalizar el “derecho a la vida del que está por nacer” -haciendo temblar la ley de aborto por tres causales (violación, inviabilidad del feto y riesgo de muerte para la madre) ahora vigente; o la “objeción de conciencia” que eventualmente podrían argüir los organismos y profesionales de la salud.
“Las derechas chilenas dotadas de una mayoría circunstancial, no pudieron entender que una buena constitución es aquella que permite la expresión de la diversidad. Optaron por imponer un texto excluyente, dogmático, retrógrado y polarizante que representa un riesgo de inestabilidad política y social, por dejar sin espacio a otras ideas democráticas y que favorece solamente a los empresarios y a los poderosos, a los privilegiados de siempre. No estamos disponibles para aprobar la privación de derechos conquistados como la interrupción del embarazo por tres causales”, argumentó el delegado socialista Alejandro Köhler.
En caso que este segundo proceso también fracase -el primero naufragó en septiembre de 2022, cuando un texto escrito por una convención dominada por la centroizquierda, independientes e indígenas fue rechazado por el 60 por ciento-, un 58% dice estar en desacuerdo con un tercer intento.