La administración Biden está exigiendo vacunas contra el coronavirus a algunos migrantes indocumentados en la frontera suroeste, un cambio en la política que ocurre días antes de la próxima revisión que hará la administración de una orden de salud pública que ha limitado la inmigración durante la pandemia.
De acuerdo con ese plan, los oficiales empezarán a vacunar a migrantes indocumentados que no presenten una prueba de vacunación y que sean aprehendidos por oficiales fronterizos y que no han sido expulsados de acuerdo a la orden de salud pública, en siete lugares que incluyen a San Diego, El Paso y el Valle del Río Grande.
Una descripción de ese plan fue compartido con The New York Times.
De acuerdo con las instrucciones dadas a funcionarios de alto rango de Seguridad Interna este domingo, si los adultos que viajan solos se rehúsan a ser vacunados, serán detenidos y colocados en proceso de deportación.
Si solicitan asilo y no permanecen detenidos, serán liberados con un aparato de monitoreo “bajo condiciones estrictas”. Si las familias migrantes se rehúsan a ser vacunados, también se les colocarán aparatos de rastreo bajo las mismas condiciones.
La Casa Blanca ha revelado poco acerca de si pronto levantará la orden de salud pública que la administración Trump impuso al inicio de la pandemia.
Esa orden, conocida como Título 42, les da a los oficiales fronterizos la autoridad de regresar a migrantes que buscan ingresar a Estados Unidos para que no propaguen el coronavirus, una precaución que los expertos de salud pública han considerado como innecesaria.
Se supone que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades van a revisar si la regla sigue siendo necesaria en esta etapa de la pandemia y emitirá una decisión en los próximos días.
La decisión de la administración de empezar a vacunar a algunos migrantes indocumentados es un reconocimiento de que existen medidas además de la orden de salud pública que pueden ser empleadas para minimizar la propagación del coronavirus en las fronteras.