El juez de control Juan José Chávez Montes eliminó ayer la vinculación preventiva oficiosa en contra del coordinador de Grupo Beta, Juan Carlos M. C., acusado de la muerte de 40 personas migrantes a raíz del incendio ocurrido el 27 de marzo en la estación provisional del Instituto Nacional de Migración (INM), pero para que pueda quedar en libertad le impuso una fianza de 20 millones de pesos como garantía económica.
De acuerdo con el abogado Daniel Álvarez Correa, quien forma parte de la defensa que lleva Legal Estudio Jurídico, se trata de una cifra “desproporcionada” y “discriminatoria”, ya que se trata de una cantidad que solo podría pagar una persona de un estatus social alto.
El abogado destacó que la propia ley señala que la medida cautelar no puede utilizarse para la reparación del daño de las víctimas, porque violaría la presunción de inocencia, por lo cual están analizando cuáles están estudiando cuales son los medios de defensa más adecuados y los más rápidos, procesalmente hablando.
Relató que tras un juicio de amparo interpuesto en abril, el 8 de noviembre la jueza federal Claudia López López emitió una resolución en la que instruyó al juez de control para que dejara sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, lo cual ocurrió ayer el 9 de noviembre.
Dijo que la defensa acreditó que no existe ninguna prueba de que el imputado represente un riesgo para las víctimas, porque las victimas que sobrevivieron ya no se encuentran aquí; que a ocho meses del inicio de la investigación tampoco representa ningún riesgo para la investigación, y presentó pruebas de que él nació en Ciudad Juárez, aquí hizo una familia y que sus hijos estudian aquí y aquí está pagando su casa.
“A final de cuentas el juez estuvo de acuerdo en que no había riesgo ni de las víctimas ni riesgo procesal en la investigación, pero por la cantidad de víctimas y por los hechos suscitados que sí había un probable riesgo de sustracción, pero no lo suficiente para continuar con la prisión preventiva”, por lo que impuso tres medidas cautelares.
La primera media que le impuso es que entregue su visa y su pasaporte a la Fiscalía General de la República (FGR), la segunda que no se acerque a las instalaciones en donde ocurrió el incendio que provocó la muerte de 40 migrantes extranjeros y dejó a 28 más heridos, y la tercera es que cubra una garantía económica de 20 millones de pesos.
“Para fijarla, el juez tiene primero que ver la capacidad económica de mi representado, si no lo hace si fija ese monto tan elevado significa que solamente una persona que pertenece a un estatus alto tiene la facilidad de salir de la prisión preventiva, siendo esto un acto discriminatorio, la justicia se trata de que sea igual para todos. Entendemos que él tiene que sujetar a Juan Carlos a que de algún modo, con la garantía de que él no quiera irse de este lugar, pero la desproporcionalidad es que la haya fijado sin hacer un estudio de las capacidades económicas que tiene mi representado, porque incluso la ley lo exige, que sea posible que él pueda cubrir este monto”, señaló Álvarez Correa.