La decisión del Tribunal Constitucional de Perú de validar el indulto en favor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) reforzó la polarización política del país y la permanente confrontación entre sus defensores y detractores.
Mientras se espera que el exmandatario salga de la cárcel, se organizan marchas antagónicas a favor y en contra para celebrarlo o repudiarlo y se multiplican las estrategias judiciales para confirmar o revertir el fallo.
Fujimori, de 83 años, fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, en específico por el delito de homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, ocurridas en 1991 y 1992 y que dejaron un saldo de 25 muertos. También fue hallado culpable de los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer Ampudia.
En 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski lo benefició con un «indulto humanitario» debido al supuesto deterioro del estado de salud del expresidente. La decisión se tradujo en una grave crisis política que incluyó protestas masivas en Perú y críticas de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.
Un año más tarde, en octubre de 2018, cuando Kuczynski ya había renunciado a la presidencia acosado por escándalos de corrupción, la Corte Suprema de Justicia anuló el indulto y Fujimori siguió cumpliendo su condena en el penal de Barbadillo, ubicado en Lima.
La polémica continuó desde entonces por las privilegiadas condiciones carcelarias del expresidente, quien es el único preso en un espacio de 800 metros que incluye dormitorio, sala, un taller para que pueda pintar, biblioteca, enfermería y el acceso a un jardín en el que cultiva flores, entre otras comodidades que lo convierten en una detención única en su tipo en un país que padece hacinamiento carcelario.
Conflicto
Durante las campañas presidenciales de 2021, su hija, Keiko Fujimori, reconoció que, si ganaba, una de sus primeras medidas sería indultar a su padre. Después de un largo conflicto postelectoral no tuvo más remedio que reconocer su derrota frente a Pedro Castillo, por lo que el debate sobre la detención del expresidente se enfrió en la agenda pública.
El pasado 17 de marzo, sin embargo, el Tribunal Constitucional sorprendió al declarar fundado un habeas corpus interpuesto por Gregorio Parco Alarcón, un abogado que ni siquiera es defensor de Fujimori, y que pedía que revirtiera la anulación del indulto.
La polarización que genera el exmandatario, y que se evidencia de manera constante en el debate social, se reflejó también en el Tribunal, ya que la liberación alcanzó tres votos a favor y tres en contra, por lo que el desempate le correspondió al presidente de este órgano, Augusto Ferrero. El fallo dejó enfrentados a los magistrados.
«La sentencia dictada por esta mayoría del Tribunal Constitucional ha dañado gravemente la legitimidad de la justicia constitucional peruana dado el desprecio sobre los derechos humanos que incluso se encuentran en el ámbito de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es una sentencia arbitraria», acusó la jueza Marianella Ledesma en un documento de 68 páginas en el que argumentó su voto en contra.
El Tribunal, por su parte, esperó 11 días para dar a conocer los fundamentos de su sentencia, que publicó el pasado lunes. En el documento, advierte que el presidente en turno tiene la potestad de conceder indultos sin ningún tipo de condicionamiento, tal y como lo hizo Kuczynski en 2017, y ordenó la «libertad inmediata» de Fujimori.
Injusticia
Varias encuestas demostraron que el país está partido en dos, ya que entre el 43 % y el 52 % se manifestó a favor de que el expresidente sea liberado. Los márgenes de error de cada sondeo implican prácticamente un empate técnico entre ambas posturas. En las redes sociales, las celebraciones y condenas también se enfrascaron en una disputa.
«Gobernó 10 años, hace 22 años que dejo de ser presidente, pero yo aun lo sigo llamando y lo llamaré hasta la eternidad mi presidente, y no expresidente», «El pueblo fujimorista se encuentra a la espera de su libertad«, «Mañana será un día maravilloso para el país, los esperamos para apoyar la salida del mejor presidente de Perú Alberto Fujimori», «Gracias ingeniero Fujimori, por lo que hizo por nosotros sacrificando su libertad», «Por fin se hace justicia para el hombre que terminó con el terrorismo, es un héroe«, escribieron algunos simpatizantes.
Otros incluso compararon la «felicidad» por la libertad de Fujimori con el futbol, ya que anoche Perú pasó al repechaje rumbo al Mundial de Catar después de vencer por 2-0 a Paraguay como local en el Estadio Nacional de Lima, lo que provocó festejos masivos.
Por el contrario, los lamentos se reflejaron en frases como: «Ya salió la vergonzosa sentencia del TC sobre el indulto a Fujimori. Un insulto al país y a la memoria«, «Sigue vigente la impunidad», «Fujimori, marcado por la corrupción«. Incluso temían que el expresidente quedara libre mientras se llevaba a cabo el partido, como una estrategia para minimizar el impacto social.
En medio del debate, familiares de las víctimas de Fujimori le escribieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedirle que resuelva de manera urgente las medidas previsionales solicitadas y evitar que el expresidente salga de prisión, ya que ello implicaría un daño irreparable.
También solicitaron que el organismo realice una audiencia pública sobre este caso y le ordene al Estado peruano que tome medidas para impedir la impunidad.
Reclamos
La CIDH ya había manifestado su preocupación por el fallo del Tribunal, al considerar que obstaculiza el cumplimiento de las obligaciones internacionales y el derecho a la justicia que tienen las víctimas.
En el mismo sentido se pronunció el presidente Pedro Castillo, quien advirtió que los órganos de justicia internacional a los que el Perú está adscrito y el Estado de derecho «deberán cautelar el ejercicio efectivo de la justicia para el pueblo».
Además de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, Fujimori ha sido condenado en otros juicios por los delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad, peculado, apropiación de fondos del Estado, falsedad ideológica en agravio del Estado y cohechos por causas en las que se demostraron pagos millonarios indebidos a congresistas y funcionarios, la compra ilegal de medios de comunicación y desvío de fondos.
En marzo de este año, además, comenzó el juicio por las esterilizaciones forzadas de unas 300.000 mujeres que fueron sometidas a estas intervenciones sin su consentimiento entre 1996 y 2000. A Fujimori se le acusa de haber puesto en marcha una política de planificación familiar violatoria de los derechos humanos que lo único que buscaba era esterilizar a mujeres de escasos recursos para que su gobierno pudiera demostrar una reducción de la pobreza.