El secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario del estado, Marco González, señaló que los desfalcos de agua más grandes se efectúan en el área metropolitana de Monterrey y no en los municipios rurales.
La estimación del funcionario se hizo después de que el pasado lunes la Comisión Nacional de Agua (Conagua), en coordinación con el Gobierno de Nuevo León, inició una revisión de las concesiones de pozos, para detectar la explotación clandestina del vital líquido. Esta auditoría de las concesiones tiene como objetivo hacer que el excedente de agua se destine al consumo humano.
Los desfalcos de agua más grandes no están en el área rural, están en la zona metropolitana”, dijo González, quien mencionó que no existe un dato exacto de la cantidad de pozos clandestinos que se encuentran en la ciudad y en el estado.
El funcionario indicó que la Secretaría de Desarrollo Regional y Agropecuario en coordinación con la Conagua, realizan la revisión de las concesiones en los municipios rurales o centros urbanos, fuera de la zona metropolitana.
En tanto, que en la ciudad le corresponde a Agua y Drenaje, encabezada por Juan Ignacio Barragán, trabajar de la mano con la Conagua para erradicar el robo y uso indebido del vital líquido.
Además de pozos clandestinos, buscan detectar concesiones vencidas que se siguen explotando o incluso poner en orden aquellos permisos de explotación de agua que continúan vigentes, aún y cuando los propietarios ya fallecieron.
«Para poder ver si todos los agricultores o citricultores tienen sus concesiones actualizadas y en su momento poder ver, sin afectar al sector de la citricultura si sobra agua para poder mandar al área metropolitana», dijo González.
—¿Habrá sanciones para quienes estén extrayendo de manera ilegal el vital líquido? —se le preguntó.
—Totalmente, primero la clausura y luego multa, habría que checar las cuotas que hay, pero estar explotando el agua sin permiso es un robo a la nación —agregó durante la entrevista para el noticiero radiofónico de ABC Noticias con Carlos Campos.
El proceso de revisión en la zona rural inició en los municipios de General Terán y Montemorelos, de ahí se irán a Allende.
González insistió en que también habrá sanciones en contra de las 12 empresas perforadoras que existen en Nuevo León, en caso de que lleguen a trabajar en la construcción de pozos, ya que por ahora no existen permisos para obras de ese tipo.