Aunque México ha sido condenado por instancias internacionales ante la desaparición y asesinato de mujeres desde los hechos de Ciudad Juárez, Chihuahua, hace más de 20 años, las desapariciones continúan y las deficiencias del Estado son las mismas, advirtió Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD).
A pesar de tener recomendaciones internacionales muy claras, como en la sentencia de Campo Algodonero, pareciera que no hemos avanzado en una política real de prevención y sanción de feminicidios”, criticó.
“Son muchas las instituciones, se duplican las actividades, pero de ninguna se puede obtener una respuesta integral; puede que tengamos una sobreburocracia no articulada que lo que genera son mayores dificultades para que las familias puedan tener una respuesta”.
De acuerdo con las cifras oficiales, tan sólo en lo que va de 2022 han desaparecido al menos 748 mujeres, es decir, un promedio de al 7 al día.
Prácticamente una de cada dos ocurren en el centro del país, particularmente en el Estado de México, la Ciudad de México y Morelos, pero también tienen cifras elevadas Jalisco y Nuevo León.