Las empresas estadounidenses están aplazando sus planes de inversión en México, a la espera de cómo les puede afectar a sus negocios la reforma judicial, afirmó este domingo el diario estadounidense The Wall Street Journal.
«Representantes de empresas y asesores estiman que las empresas extranjeras están reteniendo unos 35 mil millones de dólares en proyectos de inversión en sectores que van desde la tecnología de la información y la fabricación de automóviles hasta los gasoductos y la infraestructura industrial debido a la incertidumbre relacionada con la reforma y las elecciones estadounidenses. Esa cifra casi iguala lo que México atrae en inversión extranjera directa en un año medio. En los últimos tiempos, la mayor parte ha correspondido a empresas que reinvierten sus beneficios en el extranjero», indica el medio estadounidense.
También están en juego, advierte el diario, otros 18 mil millones de dólares de inversión privada que México necesita para cubrir la creciente demanda de electricidad para uso industrial. El Tribunal Supremo bloqueó iniciativas políticas que podrían haber perturbado el sector eléctrico mexicano en violación del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, pero algunos inversores temen que un nuevo tribunal electo las apruebe, explica.
Es probable, además, que «aumenten los costosos arbitrajes internacionales sobre derechos de inversión, ya que las empresas intentan evitar los tribunales mexicanos. Los préstamos a empresas en México también se verían afectados por la incertidumbre, según los banqueros».
Las medidas también corren el riesgo de socavar las conversaciones para revisar el T-MEC en 2026, según Global Companies in Mexico, un grupo de altos ejecutivos de unas 60 empresas que operan en el país. Entre ellas figuran gigantes estadounidenses como AT&T, FedEx, 3M, PepsiCo, Honeywell International, Cargill, Visa, MetLife y General Motors.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Ryan Berg, director del Programa de las Américas y responsable de la Iniciativa sobre el Futuro de Venezuela en el Cengtro de Estudios Estratégicos e Internaciones (CSIS), advirtió que «México va a pagar» el precio de la reforma judicial, «en el proceso de revisión del T-MEC en 2026… El riesgo es que la revisión se convierta en renegociación. Y eso no es bueno para ninguno de los países».