Mientras se prepara para tomar posesión, el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, trabaja con sus operadores y aliados políticos para poner en práctica una audaz iniciativa que consiste en entablar negociaciones con estructuras dedicadas al narcotráfico para que abandonen sus actividades ilícitas y se sometan a la justicia a cambio de sustanciales rebajas de penas.
El plan de Petro, que contempla una reforma de ley que será sometida a consideración del Congreso, busca el “desmantelamiento pacífico del narcotráfico” en el marco de un “cambio del paradigma” de la guerra antidrogas, que se ha basado hasta ahora en el prohibicionismo y la represión, y que debería transitar hacia mecanismos de “negociación judicial” con los cárteles y de regulación del mercado de estupefacientes.
Esto, según dijo el candidato del Pacto Histórico a Proceso en la campaña electoral, sería parte de una estrategia más amplia que tiene como objetivo lograr la “paz total” de Colombia.
Los encargados de implementar este plan en el nuevo gobierno, que se iniciará el próximo 7 de agosto, saben que en el camino encontrarán “muchas críticas y resistencias”, pero confían en que tienen un argumento poderoso: la guerra contra las drogas ha causado varios miles de muertos en Colombia y fracasó, por lo que es hora de explorar vías alternativas.
La iniciativa tiene varios ámbitos de acción: el Legislativo, donde el hombre clave de Petro será uno de sus más cercanos aliados políticos, el senador Iván Cepeda; el Ejecutivo, donde el tema será competencia del futuro Ministerio de la Paz, la Seguridad y la Convivencia; y el Social, donde experimentados promotores de la paz, como el especialista en crimen urbano Luis Fernando Quijano, jugarán un papel decisivo.
Proceso conoció que algunos jefes de poderosos grupos criminales ya han establecido contacto con colaboradores del presidente electo a través de intermediarios para hacerle saber que ven “con interés” esa propuesta y que estarían dispuestos a desmantelar sus estructurales ilegales, entregar activos y someterse a la justicia, a cambio de beneficios judiciales.
Pero la iniciativa va mucho más allá, porque se basa en un modelo de justicia restaurativa en el que los derechos de las víctimas –en este caso las que han causado los capos del narcotráfico– son prioritarios y, por tanto, sus victimarios están obligados a proporcionales verdad, justicia y reparación.
El objetivo de alcanzar “la paz total” del país obedece a que, a pesar del acuerdo logrado con las FARC en 2016, la paz quedó inconclusa porque una parte de esa exguerrilla, las llamadas “disidencias”, permanecieron en armas y se dedican al narcotráfico.
Además, porque la otra guerrilla histórica de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), se mantiene en guerra contra el Estado, y porque en todo el país operan grupos armados ilegales que se dedican al narcotráfico, la minería ilícita, la extorsión, el secuestro y el sicariato, entre otros delitos.
Algunas de estas organizaciones son el Clan del Golfo, conocido también como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), cuyas actividades se extienden por todo el país; los Conquistadores de la Sierra, Los Caparrapos, La Cordillera, La Constru y la poderosa Oficina, que domina las rentas criminales en la zona metropolitana de Medellín.
Petro ha señalado que con los grupos involucrados en el narcotráfico y cuya naturaleza es delictiva, no insurgente, habrá “negociaciones judiciales”, mientras que con ELN, y eventualmente con las “disidencias” de las FARC, habrá “negociaciones políticas”.
La ley que se abre paso
Cepeda, quien trabaja en la propuesta legislativa, dice a este semanario que si bien ya existe una ley para incentivar el sometimiento a la justicia de “Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados”, esa norma, aprobada en 2018, resultó “insatisfactoria porque había fuerzas interesadas en que no se abriera paso ese proceso”.
Esas “fuerzas”, entre las que se encontraba el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, un cercano colaborador de los organismos de seguridad de Estados Unidos, propiciaron una ley de sometimiento que, por un lado, contemplaba rebajas de hasta 50% en las condenas y, por otro, aumentaba las penalidades para delitos como concierto para delinquir. El resultado fue que ningún grupo armado se acogió a esa ley.
Y hoy, para implementar el plan de “paz total” de Petro e incentivar el desmantelamiento de las organizaciones ilegales dedicadas al narcotráfico, “se requiere un nuevo marco legal”, dice Cepeda.
Explica que en ese sentido, él y otros legisladores, como la senadora electa Isabel Cristina Zuleta, promoverán una ley que tendrá tres componentes centrales: beneficios judiciales efectivos a cambio de la entrega colectiva a la justicia y el desmonte de las actividades ilegales de las bandas criminales; una tramitación sencilla, no engorrosa, del sometimiento; y medidas claras de verdad, justicia y reparación para las víctimas.
“Hay otras medidas que hay que tomar y que no necesariamente requieren leyes, como las políticas de reincorporación que se aplicarán a las personas que dejen las armas y que se desvinculen del narcotráfico, y las políticas que aseguren la presencia del Estado en los territorios donde esas personas han estado delinquiendo”, dice el legislador.
Zuleta, que trabaja con Cepeda en el tema, dice que la lucha antidrogas ha sido más nociva para América Latina que las drogas mismas, por lo que es necesario abordar el problema con un enfoque social que busque “quitarle al crimen sus bases, quitarle a la gente”.
Cepeda señala que la nueva legislación podría cobijar a jefes del narcotráfico que cumplen condenas en cárceles colombianas. “Es un tema a considerar, porque aquí el asunto es hacer lo que nos garantice desmantelar y desactivar estos grupos y garantizar los derechos de las víctimas”, asegura.
Y puntualiza: “Aquí lo que queremos es que esta política antidrogas que lleva 50 años de fracasos ininterrumpidos sea cambiada por una política que, por primera vez, muestre resultados.
“En México saben que ese círculo vicioso de estar matando y arrestando capos que en cuestión de días son reemplazados por otros capos, realmente no resuelve absolutamente nada. Esa fórmula ya está caduca, desgastada hasta la saciedad, y lo que necesitamos es experimentar nuevas fórmulas que nos permitan desactivar el negocio del narcotráfico y hacer justicia”, dice Cepeda.
Una prioridad
La “paz total” es una prioridad de Petro y, por ello, entre las iniciativas que el mandatario entrante presentará al Congreso, donde tiene mayoría, figura la creación del Ministerio de la Paz, la Seguridad y la Convivencia, que se encargará de dar “cumplimiento estricto” a los acuerdos con las FARC, de iniciar negociaciones con el ELN y las “disidencias” y de convocar a diálogos regionales con las bandas criminales.
El especialista en conflicto armado Luis Fernando Quijano afirma que es un acierto de Petro regionalizar los diálogos con las estructuras del narcotráfico, porque ese formato demuestra que el político izquierdista y exguerrillero del M-19 entiende que “hay dinámicas criminales diferenciadas y que sería un error meter a todos los grupos en el mismo saco”.
Quijano, cuyos estudios sobre crimen organizado serán un referente para el proceso de pacificación que se avecina, señala que incluso las AGC (o Clan del Golfo), que son la mayor estructura delictiva del país, requieren acuerdos de sometimiento que se adapten a las condiciones específicas de las distintas regiones en las que actúan.
En Colombia, explica, el negocio de la cocaína se desarrolla a través de cadenas en las que hay cultivos, laboratorios, rutas, embarques, transportes, y cada uno de esos eslabones puede ser manejado por organizaciones diferentes, que tienen a su propia gente, sus ejércitos y hasta su base social.
“Por eso es mejor manejar -regionalmente la verdad que cada uno de esos grupos pueda aportar a las víctimas, los activos que entregarán para repararlas y los planes de reincorporación para los desmovilizados”, asegura el presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social y director del portal Análisis Urbano.
Quijano advierte que el proceso de “negociaciones judiciales” con el narcotráfico como el que se iniciará en Colombia no estará exento de “riesgos, ataques y hasta intentos de sabotaje” por parte de los sectores que se han beneficiado dentro y fuera de Colombia de la fallida guerra contra las drogas.
“Hay intereses muy poderosos que van a ver con mucha desconfianza esta política de sometimiento. Recordemos que la DEA ha hecho entrampamientos ilegales (incentivar al delito) para afectar procesos que ellos ven como un peligro para mantener su aparato burocrático”, señala el especialista.
Según estimaciones de Quijano, los grupos criminales colombianos cuentan con unos 12 mil hombres en armas que están esparcidos en las regiones rurales cocaleras (el Catatumbo, Nariño, el Putumayo, el Bajo Cauca Antioqueño) y en grandes centros urbanos, como Cali, Medellín y Bogotá.
En Medellín, el ala mayoritaria de La Oficina –heredera del Cártel de Medellín– hizo saber al gobierno entrante que quiere someterse a la justicia, desmantelar sus rentas ilegales y entregar activos para reparar a sus víctimas.
Las intentonas mexicanas
El proceso de negociaciones con grupos del narcotráfico que emprenderá Colombia coincide con las iniciativas de ese tenor que han reflotado en México en los últimos días, donde la Conferencia del Episcopado Mexicano y la Compañía de Jesús convocaron, “ante la barbarie de la violencia”, a un diálogo social “para construir un camino de justicia y reconciliación que nos lleve a la paz” y a “los acuerdos que México necesita”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el pronunciamiento y dijo que ese diálogo debe incluir a los narcos “porque son seres humanos”. Pero negociar con ellos, “es otro asunto”, aseguró.
El tema no es nuevo en México. De hecho, en la campaña presidencial de 2018, el entonces asesor de seguridad del candidato López Obrador, Alfonso Durazo, habló de un diálogo para pacificar al país y de fórmulas como la amnistía, el indulto y la justicia transicional para favorecer a delincuentes arrepentidos.
“El objetivo es incentivar a los grupos sociales vulnerados a dejar la ilegalidad y a participar en los procesos de esclarecimiento de la verdad y en programas de reconciliación comunitaria”, dijo Durazo durante un seminario en el Colegio de México el 24 de abril de 2018.
Pero ya en el poder, López Obrador olvidó las novedosas propuestas de seguridad que hizo en la campaña y, sorpresivamente, optó por militarizar la lucha contra el narcotráfico y la seguridad ciudadana.
Cepeda señala que Petro está decidido a desarrollar un diálogo permanente con el gobierno de México “para enfrentar de manera conjunta el problema del narcotráfico en cualquiera de sus niveles y expresiones, trátese de los cultivos, del comercio, el tráfico y de la existencia de poderosas organizaciones criminales”.
Y, en ese sentido, el marco legal que construirá Colombia para propiciar el desmantelamiento de organizaciones del narcotráfico incluiría un artículo que reglamente los contactos judiciales con autoridades “de los países interesados en adoptar una estrategia común para la persecución” de grupos armados involucrados en el tráfico de drogas, así como para llevar a cabo “investigaciones u operaciones conjuntas con un propósito específico. l
Reportaje publicado el 10 de julio en la edición 2384 de la revista Proceso