El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos, dijo a los diputados que de aprobarse en sus términos la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, la electricidad sería 35% más cara, lo que indudablemente provocará un impacto inflacionario.
“¿Y quién pagaría eso? Por supuesto que (los empresarios) vamos a absorber una parte de ese 35%, pero otra parte la asumirán los consumidores mexicanos. ¿Habrá un impacto inflacionario? Por supuesto. Lo que aquí se apruebe tendrá un impacto directo en el bolsillo de los mexicanos, quienes, por cierto, ya están muy molestos porque ya no les alcanza con los aumentos inflacionarios que estamos teniendo”, declaró.
Enoch Castellanos participó en un foro de parlamento abierto de la reforma eléctrica que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados. Frente a legisladores y directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el empresario alertó de apagones, conflictos con socios comerciales y de una expropiación suave como resultado de la reforma, por ello advirtió que “un diagnóstico politizado o equivocado es un gran riesgo”.
Mario Morales Vielmas, director general de Intermediación de Contratos Legados de la CFE, dijo que urge una reforma constitucional que termine con el actual sistema perverso, pues de continuar con esto, en el año 2029, la CFE sólo tendrá participación en 16% de la generación de energía eléctrica.
Añadió que se requiere una reforma constitucional porque las empresas se ampararon contra la reforma eléctrica de hace un año. Actualmente, dijo, hay 4 mil 250 amparos.
Enoch Castellanos le contestó que sí hay amparos y la CFE los está perdiendo es porque la reforma a esa ley “no tenía ni pies ni cabeza”.
Alejandro Faya Rodríguez, comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), consideró que los extremos “son malos” y, con el modelo propuesto en la iniciativa presidencial, el país renunciaría a la competencia.
“El corazón de la iniciativa es instaurar un monopolio de carácter constitucional a lo largo y ancho de toda la cadena de valor (…) No hay justificación económica ni social para defender la visión de que sólo un proveedor debe participar en los eslabones de la generación y la transmisión”, declaró.
Luego de que la iniciativa presidencial desapareciera a entes reguladores, Faya Rodríguez opinó que la CFE no puede ser participante y árbitro al mismo tiempo, no puede autofijarse las tarifas de transmisión de electricidad.